El (OCI) de la Municipalidad Provincial de detectó presuntas irregularidades en la contratación de servicios de mantenimiento periódico y rutinario de la vía vecinal Uchpa – San José de Huacarpana (San Pedro de Huacarpana). En este proceso se han encontrado responsabilidades en dos servidores para quienes se recomienda iniciar con las acciones legales.

Contrato por más de medio millón de soles

OCI realizó una auditoría a estos servicios realizados por el concejo provincial en Chavín, Tambo de Mora y San Pedro de Huacarpana. Es en esta última en donde se detectó observaciones en el otorgamiento de la buena pro. El informe señala que la municipalidad mediante Contrato N°26-2020 de 14 de agosto de 2020 firmó con el Consorcio Lybra por el monto de S/681 mil 904 para asumir las labores por el plazo de 419 días.

El conductor encargado del proceso fue Saúl Palomino Olivares (Subgerente de Logística). Es este mismo funcionario que 19 días después de iniciado la ejecución solicita que “se declare la nulidad del contrato” y “retrotrae el procedimiento de selecciones a la etapa de clasificación de oferta por la causal de información inexacta para el perfeccionamiento del contrato y revoca la buena pro sin que se compruebe, ni acredite la inexactitud de la información presentada por el contratista, aunado a ello no se cumplió con el debido procedimiento administrativo para la nulidad del contrato”, señala el informe.

Luego, el 18 de setiembre de 2020 la municipalidad otorga la buena pro al Consorcio Molinos por el monto de S/767 mil 142 “pese a que no presentó documentación obligatoria, así como sustituyó el profesional propuesto en su oferta sin la autorización de la entidad”. En la auditoria también se detectó que el ganador del servicio presentó en su oferta certificados de experiencia del residente con documentación inexacta.

El órgano de control señala que estos hechos afectaron la legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia que rigen las contrataciones del Estado. Además, que hay dos funcionarios comprometidos en esta situación; el subgerente de logística y la gerente de Asesoría Jurídica (Brenda Guillén) del municipio de Chincha. OCI recomienda al Procurador Público Anticorrupción iniciar las acciones legales contra los comprometidos en las observaciones.

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