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Veinticuatro horas después, los doce detenidos en el operativo contra la presunta organización delictiva “Los tramitadores del GORE”, pasaron por el control de identidad en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, que ordenó el allanamiento, descerraje y registro domiciliario de 31 inmuebles; así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
Los intervenidos llegaron hasta el Módulo Penal de la calle Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Ica. Pasaron ante el juzgado que dirige el juez Miguel Díaz Chirinos.
De los doce detenidos, ocho son tramitadores y cuatro son empleados de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Los intervenidos son Guillermo Armando Salazar Espino, Jorge Eduardo Jacobo Hernández, María Yetty Mendoza Chamorro, Arsenio Miguel Asencio Luna, Guillerlo Fredy Chavez Blondet, Gladyz Jannet Picharque Choque, Jessica Elisabeth Durand Bendezú, Elidez Ostiano Ruiz Álvarez, Carlos Alberto Pardo Tenorio, Luz Leonor Yeren Oré y las hermanas Carmen María y Rosa María Lara Monge.
Los intervenidos cumplirán con la detención preliminar por 10 días, que debe finalizar la próxima semana.
Al cierre de esta edición, el exgobernador regional, Javier Gallegos Barrientos, Carlos José Martínez Hernández y Edward Alberto Amoroto Ramos, están prófugos. Los dos últimos fueron exdirectores regionales de Transportes.
Los otros que están en la clandestinidad son José Antonio Franco Palomino, María Gracia Buendía Uribe, Mario Guillermo Gonzáles García y las hermanas Mirian Nancy, Carmen Cristina y Reylinda Mercedes Yeren Oré.
La noche del miércoles, allegados al pasada gestión regional emitieron un escueto comunicado y señalaron que Gallegos no estaba involucrado en organización criminal.
“De la revisión del Expediente N.º 1638-2023 por el caso “Tramitadores (del GORE)”, se desprende de que no hay imputación valedera contra el gobernador regional, Javier Gallegos Barrientos, hecho que la justicia se encargará de resolver”, dijo.
A renglón seguido añade: “La fiscalía acusa a Gallegos por una conversación telefónica con Carlos Martínez desde el teléfono de su esposa. La exautoridad intercedía por los transportistas de Pisco agrupados en CETACO, para que el entonces director de Transportes los atienda y escuche sus pedidos”.
“Como todos en Pisco saben, CETACO es la Central de Taxistas y Colectiveros de Pisco. Su principal exigencia a la entonces autoridad regional era, y aún es una exigencia del gremio de transportes, que se abra una oficina descentralizada del sector Transportes en Pisco, como se hizo en Chincha, para poder realizar sus trámites de brevetes sin tener que viajar a Ica”, abundó.
“De la misma transcripción del diálogo de la fiscalía se desprende también que no existe ningún tipo de pedido de dádiva, favor, influencia o pedido en beneficio de terceras personas, que pueda configurar el delito de cohecho pasivo, tráfico de influencia u organización criminal, como se ha malinformado”, remarca.
En ese sentido, los “abogados y allegados del gobernador regional, Javier Gallegos Barrientos, consideran de abusiva y arbitraria la orden de allanamiento y descerraje de la vivienda”.
El director regional de Transportes, Ronald Martín Núñez dijo que la atención al público se realizaba con total normalidad, cumpliendo con las evaluaciones de examen de conocimiento y manejo.
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