Exgobernador regional de Ica, Javier Gallegos se entregó al Poder Judicial y es recluido en el penal

La prisión preventiva de 36 meses dejó sin salida alguna a Javier Gallegos Barrientos. Era ir al penal iqueño o vivir a salto de mata. Escogió el primero. Pasado el mediodía, el exgobernador regional apareció por la calle La Unión, puerta lateral de la Corte Superior de Justicia de Ica, para entregarse.

Previas declaraciones

“Voy entregarme, voy a ponerme a derecho para que investiguen”, dijo Gallegos en un vídeo que compartió su esposa Mónica Guillén Tuanama. “No tengo por qué correrme de nadie, tengo principios, tengo honor. Voy estar bien de salud, pronto nos vemos”, finalizó la transmisión y dejó entrever que podría salir en breve tiempo.

Segundos antes, el fundador del Movimiento Regional Obras Por la Modernidad alegó inocencia. “Jamás he agarrado un céntimo del Estado, eso se lo garantizo por eso hago público que no tengo por qué preocuparme no tengo ningún temor”, remarcó

“Gracias amigos de Ica, por escucharme. Confíen en mí, no tengo de qué preocuparme porque jamás he hecho daño a una institución pública, menos a las personas”, apuntó. A los minutos de ingresar pasaría por Medicina Legal para cumplir con el procedimiento y ser internado en el penal de Cachiche.

Gallegos volvió a señalar que nunca tuvo contacto con los tramitadores y trabajadores de la Dirección Regional de Transportes. “No tengo nada que ocultar. Vuelvo a ratificar, los tramitadores que trabajan fuera de la dirección, los trabajadores y tampoco con los directores, tanto Carlos Martínez y Amoroto, jamás, quien habla, se ha reunido para formar esta supuesta banda criminal”, señaló.

“Es más, en la investigación que hace, ninguno de las personas conversa conmigo por eso en las más de 18 mil llamadas intervenidas ninguno se ha conectado conmigo”, subrayó.

Proceso de investigación

La primera hora de ayer 17 de mayo, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Vicente Fernández Tapia le dictó 36 meses de prisión preventiva. La medida alcanza también para el todavía prófugo, alcalde distrital de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos.

De los 21 investigados que formarían parte de la presunta organización delictiva “Los tramitadores del GORE”, Gallegos y Amoroto, fueron los únicos a quienes se le ordenó su envío al penal por espacio de tres años. El caso es complejo. Ambos serán investigados por la presunta comisión del delito de organización criminal y cohecho pasivo propio, en agravio del Estado peruano.

La comparecencia con restricciones se dictó a los investigados José Antonio Franco Palomino, Miriam Nancy Yeren Oré, Carmen Cristina Yeren Oré, Gladys Janet Picharde Choque, María Yetty Mendoza Chamorro, Luz Leonor Yeren Oré, Carmen María Lara Monge y Carlos Alberto Pardo Tenorio, con reglas de conducta, bajo apercibimiento de revocársele la medida impuesta en caso de incumplimiento.

Este viernes 19, a partir de las 3:30 de la tarde, dicho juzgado evaluará la situación legal de los dos últimos investigados: María Gracia Buendia Uribe y Reylinda Mercedes Yerén Oré. Todo indica que enfrentarán el proceso en libertad, al igual que el resto de compañeros.

Según la tesis fiscal del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica a cargo del fiscal provincial Alexander Pérez López, se tiene que, desde el año 2019, se habría enquistado una organización criminal, denominada “Los tramitadores”.

Estaba constituida e integrada por el gobernador regional de lca (2019 - 2022), Javier Gallegos Barrientos y los funcionarios y servidores públicos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, para perpetrar delitos contra la administración pública en las modalidades de cohecho pasivo propio, como es la solicitud de dinero para la tramitación irregular de los brevetes.

Es así que, los integrantes aprovechando sus cargos dentro de la estructura organizacional de citada dirección, habrían instrumentalizado la función administrativa y el cargo público que ostentan, constituyendo una presunta organización criminal avocada a la venta de la función pública (expedición de brevetes), cuyo modus operandi iniciaba con la participación de los tramitadores externos en los exteriores de dicha dirección, así como también por parte de los propios trabajadores, quienes se dedicaban a captar a personas necesitadas de obtener su brevete, en sus distintas categorías.

El abogado Yván Aurelio Chía Aquije lamentó la falta de solidez en el trabajo del Ministerio Público. " El señor fiscal Alexander (Pérez) no da la talla, así de sencillo. Es un caso super complejo y no da la talla. Se dice y se contradice en sus disposiciones. De tal forma, de que en mi alocución que correspondía a mi patrocinado decía A y al otro lado decía Z, no da la talla. Es totalmente incoherente. Y ayer se atrevió a apelar. Yo si estuviera en su lugar y sé que he hecho un mal trabajo, no me atrevería a apelar”, aseguró.

Añadió que el proceso se puede caer por un mal trabajo del Ministerio Público. “Lo mal llevado, mas tarde se va caer”, advirtió.

Adelantó que una posibilidad de triunfo del exgobernador sería que la sala de apelaciones declare nulo el proceso por las evidentes fallas o en todo caso revoque la prisión preventiva. “Una tabla de salvación de Gallegos sería dicha decisión y que observe las aberraciones que ha cometido el fiscal”, reiteró.

Por otro lado, Chía señaló que es posible que el exdirector regional de Transportes, Carlos José Martínez Hernández conocido como el “Chino” Martínez sea un colaborador eficaz.

De todos los detenidos, es el único a quien no se le dictó ninguna medida, salvo la detención preliminar. En la solicitud de prisión preventiva, no figura. “Téngase presente que si no se le ha implicado es porque, tácitamente entendemos que es un colaborador eficaz”, dijo.

Involucran a Gastón Medina

Durante la lectura de la sentencia, el juez Fernández Tapia reveló que la presunta organización delictiva también tenía un brazo mediático conformado por un grupo de periodistas, entre ellos el comunicador Gastón Medina.

“Si esto se prueba es sumamente grave, porque el dinero recaudado mediante esta organización criminal y que de ese dinero, estaba destinado cuatro mil soles para el periodista, según lo ha manifestado y lo ha postulado el representante del Ministerio Público y finalmente el señor juez lo ha plasmado en su resolución, pertenecería a la red criminal. Parte de aquel dinero recaudado vía hechos delictivos llegaba a donde él, o sea es una más de la red, así de sencillo”, comentó Chía Aquije.

Según la lectura del juez dice que “Dicho delator habría señalado que los dineros que se recaudaba también servía para el pago a periodistas, que se realizaba de forma directa y en efectivo esto de manera mensual. Dentro de ellos se comprende al periodista Gastón Medina, en las que se señala que se le entregó 4 mil soles”.

“Al respecto debe tenerse en consideración las precisiones que realiza dicho aspirante y para ello nos debemos remitir a la parte pertinente de dicha declaración. En ella se señala textualmente lo siguiente: “Escuché que la entrega del dinero se realizaba en la última semana de cada mes, en la oficina del director regional de Transporte. Usualmente las ultimas semanas de cada mes veía a 30 periodistas en promedio reunidos en la oficina del director. La entrega del dinero se realizaba de forma directa y en efectivo. Algunos de los periodistas a quienes se les pagaba mensualmente son entre ellos Gastón Medina, entre otros””, dijo el magistrado.

El colaborador añade que “iré aportando según conforme vaya recordando y sobre todo en su rol de brazo mediático de la organización”.

VIDEO RECOMENDADO