Familiares esperan más de un año por indemnización de trabajador de una agrícola en Ica

Familiares de Jesús Bravo Figueroa exigen una clara investigación y se logré pagar los beneficios sociales, tras su deceso el pasado 9 de enero del 2020. El occiso laboraba en el fundo Agrícola La Venta, ubicado en el kilómetro 278, en el sector de Villacurí (Ica).

Deudos esperan beneficios

Su esposa Cynthia Muñante indicó que el caso lleva más de 1 año y medio sin beneficiar a los deudos. Precisó que al momento del deceso su esposo trabajaba sin implementos de seguridad y recibió una descarga eléctrica que acabó con su vida, sin embargo, la empresa asegura que fue por un paro cardiaco repentino.

“Desde un principio el administrador me dijo que se iba apoyar con los beneficios de mi esposo, él murió haciendo sus labores, indican que se electrocutó a las 2 de la tarde cuando trabajaba en un transformador de electricidad, pero su ingreso al Hospital Regional de Ica fue a las 3:30 p. m. Me hicieron realizar una sucesión incestada, y hasta hoy no recibo el dinero que es un derecho para mis dos menores hijos. Es algo incoherente que le digan que le dio un paro cardíaco, porque él era deportista y jamás presentó complicaciones de salud en los más de 2 años que trabajo para Agrícola La Venta”, declaró

Proceso judicial hacía la empresa

Por su parte el abogado de la familia, Erick Salcedo Huarcaya, manifestó que el deceso corresponde a un accidente laboral y pese a existir dos sentencias a favor de la familia de Bravo Figueroa, hasta la fecha la empresa no cumple con el pago de la indemnización y continúa presentando recursos de apelaciones, con el fin de alargar el plazo del proceso judicial. Asimismo, comentó que la agrícola ha sido multada por este caso, por la Sunafil.

“El señor perdió la vida en el mismo centro de trabajo, la empresa le encomendó hacer un trabajo de mantenimiento en una subestación con electricidad, pero no tuvieron la responsabilidad en normas de seguridad en el trabajo y -como consecuencia- el trabajador falleció por una descarga eléctrica. En enero del 2021 tras investigaciones, Sunafil indicó que fue un accidente laboral y sancionó a la empresa hasta con 200 UIT, por ello se inició la demanda por indemnización ante el Juzgado Especializado de Trabajo de Ica, teniendo como resultados dos sentencias favorables, aun así, la contraparte presenta recursos de apelación porque no pretende realizar el pago”, sostuvo el abogado.

Precisó que hasta el momento el Ministerio Público no emite un pronunciamiento sobre el proceso, temen actos de corrupción y se pueda archivar el caso, pese a que existen medios probatorios como la no verificación en implementos de seguridad para realizar trabajos de alta tensión. “El señor trabajaba con un voltaje mayor a 22 mil 900 voltios y los guantes que supuestamente le dieron eran de 17 mil voltios como resistencia máxima, la empresa presentó esos guantes 3 días después del fallecimiento, quiere decir que ni siquiera portaba los guantes, porque cuando pasaron la pericia legal, los guantes no registraban ningún impacto con electricidad”, dijo el letrado.

Finalmente, indicó que pese a que la empresa cuenta con un patrimonio de 68 millones de soles, no ha iniciado actos de conciliación, ocasionando un maltrato moral y personal hacia la familia, ya que Bravo Figueroa era la principal persona que velaba por la economía familiar.