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Más de una decena de candidatos al Gobierno Regional de Ica, municipios provinciales, distritales y regidores, tienen antecedentes de estar involucrados en informes de la Contraloría General de la República, por presuntos actos irregulares cuando trabajan en la administración pública, causando perjuicio económico al Estado con montos desde los S/ 30 mil hasta más de 4 millones de soles.
El órgano de control habilitó la plataforma digital “En estas elecciones tú tienes el control”, donde se evidencian a 14 aspirantes, que en los informes de auditorías de cumplimiento y servicios de control específico tienen presunta responsabilidad administrativa y hasta penal. Donde la mayoría son del movimiento regional Obras por la Modernidad (4), seguido de Alianza para el Progreso (3), Uno por Ica (2), Podemos Perú (1), Acción Popular (2), Somos Perú (1) y Juntos por el Perú (1).
Investigados penalmente
Es el caso del candidato al Gobierno Regional de Ica, Jorge Carlos Hurtado Herrera, por el movimiento regional Uno por Ica, quien tendría presunta responsabilidad administrativa y penal en la “obra creación de servicios deportivos, recreativos y culturales en el Parque Zonal Flor de Amancaes, en Villa María del Triunfo a cargo del Serpar Lima” ya que se aprobó un adicional sin sustento propiciando ampliación de plazo a un día del vencimiento del plazo de ejecución de la obra, ocasionando inaplicación de penalidad por más de 4 millones 363 mil soles y pago por gastos generales por 755 mil 122.55 soles. Esto sucedió cuando se desempeñaba como secretario general del Serpar Lima (2015-2016).
Asimismo, según los informes, el candidato a la alcaldía provincial de Chincha, por Podemos Perú, César Augusto Tasayco Vásquez, también estuvo involucrado en un caso de perjuicio económico por 30 mil soles cuando era gerente municipal en el 2017 en la Municipalidad Distrital de San Clemente (Pisco), por la elaboración del expediente técnico de la obra “captación de agua subterránea en sector de Palto”, ya que se realizó contratos con el consultor a pesar que no cumplía con los requerimientos mínimos.
Otro caso recae en Javier Alfredo Grado Tellos, aspirante a la alcaldía provincial de Palpa por Obras por la Modernidad. Según la contraloría, en su gestión como director del hospital San Juan de Dios de Pisco se otorgó bonificación extraordinaria COVID-19, a servidores que no cumplieron los criterios ocasionando un perjuicio de S/ 89 mil.
El candidato a la alcaldía de Vista Alegre (Nasca), por Somos Perú, Eusebio Alfonso Canales Velarde, también afrontó un caso de presunta irregularidad en el arrendamiento de grupo móvil con trituradora de impacto con un perjuicio por más de 2 millones de soles. Esto sucedió cuando era alcalde de Nasca en el periodo (2015–2018).
Pretenden ser reelegidos
Los informes de control también incluyen a Javier Eugenio Fernández Matta, quien pretende ser nuevamente el burgomaestre de Salas Guadalupe (Ica) por Obras por la Modernidad. Sin embargo, durante su gestión en el 2011 al 2014, se realizó la obra de rehabilitación del reservorio elevado de Guadalupe, donde se detectó perjuicio económico por más de 261 mil soles. Asimismo, Justo Richard Mantilla Bendezu, quien quiere el sillón municipal de Llipata (Palpa), por Alianza para el Progreso, tiene un antecedente cuando fue alcalde del municipio de Palpa en el 2015-2018. En ese periodo se detectó un perjuicio por más de 42 mil soles en la obra “mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Sacramento”.
La candidata Mirla Elizabeth Campos Contreras, a la alcaldía de Humay (Pisco), por Juntos por el Perú, también figura en un presunto acto irregular cuando fue la jefa de la unidad de contabilidad en el 2018 en el municipio provincial de Pisco, por presunta afectación en el destino de los fondos públicos por 242 mil 799 soles.
El aspirante a ser el burgomaestre de Túpac Amaru Inca (Pisco) por Obras por la Modernidad, Sami Abraham Chagua Armas, también está involucrado en la adquisición de un software para el sistema de administración tributaria en La Perla (Lima) y pese a que no se culminó su instalación, se pagó un adelanto de 90 mil soles. Esto sucedió cuando tuvo una gerencia en la comuna en el 2018.
Los informes de control también vinculan a diversos aspirantes al cargo de regidores provinciales y distritales, quienes están involucrados en presuntos actos irregulares y son los siguientes: Boris Díaz Huamaní (Uno por Ica), en un informe con perjuicio por más de 600 mil soles; César Tucta Miranda de Acción Popular, 30 mil soles; Víctor Conteña Rupire y Edinsson Paolo Mejía Cárdenas de Alianza para el Progreso, con 31 mil y 124 mil soles respectivamente. También se encuentran Manuel Alexander Ramos Huamán, (Obras por la Modernidad), por 47 mil 700 soles y Rosario del Pilar Paucar Angulo (Acción Popular), en una fiscalización de la Contraloría donde se detectó un perjuicio por 119 mil 214 soles.
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