La construcción de una casa refugio para mujeres víctimas de violencia familiar en la región Ica continúa siendo una demanda pendiente pese a múltiples pedidos por parte de organizaciones sociales, gremios profesionales y asociaciones de mujeres. Documentos enviados a diversas autoridades municipales y regionales desde el año 2018 evidencian una serie de gestiones formales que, hasta la fecha, no han derivado en la creación de este espacio de protección.
En el olvido
La urgencia del proyecto fue nuevamente discutida durante el foro público “Casa refugio en Ica: mitos y realidades”, realizado en el mes de mayo de 2025 en el Colegio de Ingenieros de Ica, donde participaron representantes de la Asociación Regional de Periodistas del Perú, la Federación de Mujeres de Ica, la Asociación de Mujeres de Parcona, la Red Regional de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Ica, la Coordinadora de Defensa de Poblaciones Vulnerables y diversos colegios profesionales.
Durante la actividad se expusieron estadísticas oficiales que reflejan el incremento de la violencia contra la mujer en la región y la necesidad de contar con un centro de acogida temporal que permita a las víctimas alejarse de sus agresores mientras reciben atención integral.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 52% de las mujeres peruanas entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero. Dentro de este grupo, el 48,4% fue víctima de violencia psicológica o verbal, el 25,5% sufrió agresiones físicas y el 5,6% violencia sexual.
Otro dato preocupante proviene de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2024, que revela que el 75,7% de la población mayor de 18 años tolera la violencia contra la mujer, una cifra que alcanza el 80,8% entre los hombres y el 70,9% entre las mujeres.
Feminicidios y violencia
Las estadísticas regionales reflejan una situación igualmente alarmante. De acuerdo con registros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en la última década al menos 41 mujeres han sido víctimas de feminicidio en la región Ica. En el mismo periodo se registraron 123 tentativas de feminicidio.
El registro anual muestra una tendencia creciente. En 2014 se reportó un feminicidio; en 2015 se registraron dos; en 2016 uno; en 2017 tres; en 2018 tres; en 2019 cinco; en 2020 dos; en 2021 seis; en 2022 cuatro; en 2023 cinco; y en 2024 se alcanzó el número más alto con nueve feminicidios, la cifra más elevada de los últimos diez años.
Las modalidades de los crímenes incluyen acuchillamientos, asfixia o estrangulamiento, disparos de arma de fuego, golpes múltiples, atropellamientos y otros métodos violentos. En muchos de los casos, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores ante la Policía Nacional o habían solicitado medidas de protección.
Las denuncias por violencia también muestran cifras elevadas. Durante el año 2025 se registraron 5.758 denuncias de violencia física, psicológica y sexual contra mujeres en la región Ica. En ese mismo periodo se reportaron 15 tentativas de feminicidio y cuatro feminicidios en las provincias de Ica y Chincha.
Solo en enero de 2026 se contabilizaron 485 denuncias por violencia contra mujeres, mientras que en marzo se reportó un feminicidio en la provincia de Pisco, donde una joven de 28 años fue acuchillada por su pareja en presencia de su hija de 5 años.
Oficios y gestiones
Ante este panorama, diversas instituciones han realizado gestiones formales ante autoridades municipales y regionales para impulsar la creación de un hogar de refugio temporal.
En abril y mayo de 2018, la Asociación Regional de Periodistas del Perú y otros gremios profesionales enviaron oficios solicitando la construcción de una casa refugio a diferentes autoridades locales, entre ellas al ex alcalde distrital de Parcona, José Gálvez Chávez; el ecx alcalde provincial de Ica, Javier Cornejo Ventura; el ex alcalde de La Tinguiña, Carlos Reyes Roque; y el entonces gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz Benavides.
La documentación señalaba que los gremios periodísticos, como parte de la sociedad civil, asumían una responsabilidad social frente al incremento de la violencia contra la mujer y solicitaban iniciar las gestiones necesarias para la creación de un hogar de refugio en la provincia.
Los oficios señalaban que la Ley 30364, promulgada en noviembre de 2015, establece que los gobiernos regionales y locales tienen la responsabilidad de formular políticas y ejecutar programas para prevenir y atender la violencia contra la mujer, lo que incluye la implementación de hogares de refugio temporal.
En enero de 2019 se reiteró la solicitud ante la Municipalidad Provincial de Ica, entonces dirigida por la alcaldesa Emma Mejía Venegas. Posteriormente, durante el proceso del presupuesto participativo 2020, la municipalidad incluyó la construcción de la casa refugio como una de las prioridades del plan de inversiones. Sin embargo, el proyecto no se concretó. Según los promotores de la iniciativa, hasta la fecha no existe ni siquiera un terreno asignado para su construcción.
Indignación por nulo avance
El presidente de la Asociación Regional de Periodistas del Perú, Mag. Carlos Caldas Pozo, ha sido uno de los principales impulsores del proyecto y ha cuestionado la falta de voluntad política para materializarlo.
En declaraciones a Correo, Caldas Pozo sostuvo que los gremios periodísticos decidieron involucrarse en la iniciativa debido a la gravedad del problema.
Según explicó, desde el año 2018 se han realizado reuniones con distintas organizaciones y se han presentado memoriales y documentos ante autoridades municipales y regionales, sin obtener resultados concretos. Señaló que, pese a la existencia de leyes que obligan al Estado a implementar hogares de refugio temporal, las autoridades no han priorizado el tema en sus agendas.
También indicó que el proyecto no requiere una inversión excesiva y que lo esencial es contar con un terreno de aproximadamente mil metros cuadrados para iniciar su desarrollo. En ese sentido, mencionó que tanto el Gobierno Regional como diversos municipios distritales de la región cuentan con terrenos que podrían destinarse al proyecto mediante convenios interinstitucionales.
“Prefieren construir estadios y obras de menor impacto social en lugar de algo tan importante como es un hogar refugio para mujeres víctimas de violencia”, enfatizó.
Sostuvo además que muchas mujeres víctimas de violencia terminan regresando con su agresor debido a la falta de espacios seguros donde refugiarse junto a sus hijos.
Asimismo, recordó que durante la pandemia de COVID-19 se registró un incremento de casos de violencia doméstica, situación que evidenció aún más la necesidad de contar con una infraestructura especializada para atender a las víctimas.
Caldas también enfatizó que una casa refugio no solo cumple la función de brindar alojamiento temporal, sino que debe ofrecer atención integral que incluya apoyo psicológico, asesoría legal, acompañamiento social y capacitación laboral orientada al empoderamiento económico de las mujeres.
Finalmente, indicó que las organizaciones que impulsan la iniciativa continuarán promoviendo foros, reuniones y acciones institucionales para que el proyecto sea incluido en las agendas públicas de las autoridades regionales y municipales.
Cabe señalar que, el pedido de creación de casas refugio se encuentra respaldado por diversas normas nacionales. La Ley N.º 28236, promulgada en 2004, estableció la creación de hogares de refugio temporal para víctimas de violencia familiar, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro que incluya vivienda, alimentación, protección y apoyo emocional.
Posteriormente, la Ley N.º 30364, aprobada en 2015, estableció que la implementación de estos centros es una política permanente del Estado y dispuso que las entidades públicas prioricen el uso de inmuebles estatales para su funcionamiento.
Más recientemente, la Ley N.º 31621, promulgada en 2022, señaló que los gobiernos regionales y locales son responsables de implementar y gestionar servicios de protección temporal para víctimas de violencia familiar y sexual.
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