La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la contratación de personal administrativo en la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ica, tras identificar que cinco servidores ingresaron a laborar bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 276 sin haber pasado por un concurso público de méritos, requisito obligatorio para el acceso a la función pública.
Informe de control
Así lo señala el Informe de Orientación de Oficio N.° 001-2026-OCI/0659-SOO, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la DIRESA Ica, como resultado de una evaluación realizada entre el 7 y el 9 de enero de 2026, en el marco del servicio de control simultáneo dispuesto por la Contraloría.
De acuerdo con el documento, las contrataciones se realizaron durante el año fiscal 2025 bajo la modalidad excepcional de reemplazo por cese; sin embargo, la entidad omitió convocar a concurso público, contraviniendo lo establecido en la Ley Marco del Empleo Público, el Decreto Legislativo N.° 276 y su reglamento, que exigen dicho procedimiento incluso para contratos temporales.
El informe detalla que los cinco servidores, entre ellos médicos, abogados, contadores y personal administrativo, fueron contratados mediante resoluciones administrativas emitidas por la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, con sucesivas prórrogas que extendieron su vínculo laboral por varios meses, e incluso superaron el año de servicios ininterrumpidos.
Asimismo, el informe señala que funcionarios de la DIRESA Ica emitieron opiniones favorables y autorizaron dichas contrataciones directas, pese a que la normativa vigente establece que el ingreso al servicio civil, independientemente del régimen laboral, debe realizarse bajo los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.
La Contraloría sustenta su observación en diversos pronunciamientos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que reiteran que toda incorporación al Estado, incluso bajo contratos temporales, debe efectuarse mediante concurso público, siendo nulo cualquier acto administrativo que contravenga esta disposición.
Además, el órgano de control precisó que la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025, invocada por la entidad para justificar las contrataciones, también establece expresamente que los reemplazos por cese deben realizarse mediante concurso público de méritos y con plazas debidamente registradas en el AIRHSP.
En sus conclusiones, la Contraloría advierte que estas acciones afectan la correcta administración pública, vulneran los principios de legalidad, probidad y transparencia, y lesionan la meritocracia en el acceso a la función pública, generando además posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Finalmente, el OCI recomendó poner el informe en conocimiento del titular de la DIRESA Ica y exigió que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, se informen las acciones preventivas y correctivas adoptadas frente a esta situación adversa, a fin de evitar mayores perjuicios y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
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