El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró improcedente y no ejecutó la sentencia del Tribunal Constitucional que disponía la liberación del expresidente del Perú, el mismo que continuará en

Resolución judicial

El juez Fernando Vicente Fernández Tapia también ordenó la devolución del expediente al Tribunal Constitucional. En el documento se lee que el TC, el 17 de marzo del 2022 declaró fundada la demanda de habeas corpus y dispuso la libertad de Alberto Fujimori, sin embargo, luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 30 de marzo del 2022, ordena al Estado peruano abstenerse de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de disponer la libertad del expresidente.

El caso fue enviado a la sala judicial de Ica, donde el magistrado Fernández Tapia indicó que “en los procesos de habeas corpus las sentencias estimatorias las ejecuta el juez o la sala que la expidió, sin necesidad de remitir los actuados al juzgado de origen” y que su juzgado “carece de competencia para poder ejecutar la sentencia estimatoria que ha sido expedida por el Tribunal Constitucional”.

“Declarar improcedente la ejecución de la sentencia del Pleno N° 78/2022 de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad de Alberto Fujimori, por parte del juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, por no haber sido estimada la demanda de habeas corpus ante este órgano jurisdiccional, careciendo de competencia” y “dispongo se devuelvan todos los actuados al Tribunal Constitucional”, se lee en la Resolución Judicial N° 07.

La decisión de la autoridad judicial fue conocida por Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, quien acusó al magistrado de haber cometido inhibición. Señaló que el juez debió haber acatado el mandato del Tribunal Constitucional, el cual ordena la libertad del expresidente.

“El Poder Judicial no ha avalado ningún comunicado de la Corte Interamericana, y el juez lo que ha hecho es declinar la competencia y lo ha devuelto al Tribunal Constitucional, es decir se ha declarado incompetente, pero no ha quitado la validez de la sentencia. El siguiente paso es darle trámite y viabilidad a que el expediente sea devuelto al TC y pueda ejecutar esta sentencia, esto no puede demorar más de la siguiente semana, estamos tratando con una garantía constitucional que es el habeas corpus”, declaró.

En tanto, ayer se realizó una manifestación en los exteriores del Módulo Penal de Ica, ubicado en la calle Chiclayo, donde representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (Codeh Ica) y otras organizaciones sociales, exigían la no liberación.

“Ica está presente con las madres de La Cantuta, que todavía buscan los restos de sus hijos para poderles dar cristiana sepultura, no olvidemos lo que pasó en Barrios Altos. Fujimori fue sentenciado por violar derechos humanos y por delitos de lesa humanidad. Él ni siquiera ha pedido perdón a las familias, están pidiendo su indulto, cuando ni siquiera ha cumplido con ayudar a la justicia, o la indemnización o haber cumplido un porcentaje de su sentencia. El habeas corpus fue presentado en Ica, pero en Ica también hay democracia, también tenemos memoria”, dijo Esperanza Ramos, titular de Codeh Ica.

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