El abogado Yván Aurelio Chía Aquije hizo de conocimiento ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, que el fiscal provincial Alexander Pérez López y el comandante PNP Carlos Fernando Quipuscoa Peralta; respectivamente, que ambos formarían parte la presunta organización “Los embusteros de la ley”. La denuncia señala que ambos denunciados en “politizada conveniencia vienen haciendo uso y abuso de sus cargos para montar casos (armani) con el propósito de lograr la destitución de Jorge Hurtado Herrera, gobernador regional de Ica, y de no conseguirlo por la vía penal, vienen procurando la eliminación física con la contratación de “sicarios” con la finalidad que asuma por sucesión la testigo protegida y cómplice Luz Mery Canales Trillo, vicegobernadora regional de Ica”.
Proceso
Hurtado luego de ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como autoridad regional para el periodo 2023-2026, inició sus labores el 1 de enero de este año, pero apenas transcurridos dos meses de gestión, el fiscal Pérez López con la Disposición N° 1 del 8 de marzo pasado, aperturó investigación preliminar, sustentándose en los testimonios de dos personas de identidad reservada.
La investigación se declaró compleja y secreta, y se ordenó realizar la videovigilancia a todos los investigados por el plazo de seis meses y se dispuso requerir el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
“Resulta insólito, desproporcionado y hasta irracional, que apenas iniciada la gestión regional se instruya un monumental despliegue de imputaciones y medidas limitativas contra el gobernador, asesor, consejeros regionales y funcionarios designados, que responde a la fantasía fiscal de alucinar la existencia de una organización criminal”, dice el letrado en el documento.
Añade que todo ello “responde a una proyectada planificación con objetivos políticos e intereses de orden económico” y que el chuponeo telefónico permitiría buscar indicios que conduzcan rápidamente “a la detención policial de la autoridad regional y con ello se produzca la vacancia, remoción, cese, suspensión o destitución para que asuma por sucesión Canales Trillo”.
Policías
Chía dice que en esta etapa interviene el jefe policial anticorrupción de Ica, Quipuscoa Peralta, que junto al alférez PNP Yoon Untul Yupanqui y personal subalterno a su cargo (SS PNP Primitivo Nicolás Pereya Lara, S1 PNP Ricardo Jaramillo Silva, S1 PNP Moisés Cucho Palomino, S1 PNP Luis Gerardo Galindo Torres y la S2 PNP Erika Rodríguez Quispe), que tuvieron la tarea de recibir y direccionar el testimonio reservado de la actual vicegobernadora regional.
A este propósito, se habría acoplado el exdirector regional de Salud, César Narciso Valdivia Rosales, que por “resentimiento a raíz de su apartamiento del cargo”, también brindó declaraciones con identidad reservada.
Lo cierto es que la disposición fiscal fue desestimada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica con la resolución N° 1 del 27 de abril último por no encontrar indicios suficientes y todo el expediente estaba formado por “conjeturas que equivalen a decir chismes”.
El fiscal Pérez López apeló la medida y la Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de Ica emitió la resolución N° 4 del 16 de mayo y ratificó el fallo de citado juzgado.
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