Un proyecto industrial de capital chino avanza en el distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, en medio de cuestionamientos por presuntamente haber iniciado trabajos sin contar con las autorizaciones necesarias. La iniciativa corresponde a Acero Lima Shenglong S.A.C., empresa creada en julio de 2024 por tres ciudadanos chinos que busca instalar una planta siderúrgica de gran escala en la zona.
Según un reportaje de Punto Final, el complejo se levanta en el sector San Bartolito, en un terreno donde actualmente se observan excavaciones, maquinaria pesada y amplias estructuras metálicas. El proyecto apunta a producir alrededor de 700 mil toneladas de acero al año, principalmente alambres y láminas.
Registros fotográficos tomados meses atrás muestran que los trabajos de preparación del terreno ya se encontraban en marcha desde 2025. Estas evidencias dieron pie a cuestionamientos de asociaciones vinculadas a la industria nacional del acero, que alertaron sobre un posible inicio anticipado de las obras.
Estudio ambiental pendiente
Las alertas derivaron en pedidos de información a las autoridades locales para conocer el estado administrativo del proyecto. Una respuesta emitida por la municipalidad de Chilca en octubre de 2025 indicó que el predio aún no contaba con licencia de edificación pese a que ya se realizaban movimientos de tierra.
A esto se suma otro requisito clave dentro de la normativa ambiental peruana. El estudio de impacto ambiental es un instrumento obligatorio que debe aprobarse antes de ejecutar proyectos industriales que puedan generar efectos en el entorno.
El abogado especializado en derecho ambiental César Ipenza explicó que el sistema de evaluación ambiental establece procedimientos previos antes de iniciar cualquier infraestructura vinculada a una actividad productiva. Sus declaraciones advierten que el incumplimiento de estas etapas puede generar responsabilidades administrativas e incluso penales.
“Tenemos nosotros en el país el sistema de evaluación de impacto ambiental que se aprobó en 2001 y es obligatorio cumplimiento desde el año 2009 para todos los sectores. Mientras se tramitan estos procedimientos no es posible ninguna construcción ni operación”, señaló.
Hasta inicios de 2026 la aprobación de estos estudios estaba a cargo del Ministerio de la Producción del Perú. Desde enero de ese año la responsabilidad pasó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.
Consultas realizadas a ambas entidades indicaron que la empresa aún no ha presentado el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto. El único trámite registrado es el plan de participación ciudadana, que constituye una etapa previa dentro del proceso de evaluación.
Cuestionamientos a la fiscalización
Las denuncias presentadas por empresas del sector motivaron la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. El organismo realizó una inspección en la zona el 12 de diciembre de 2025 para verificar la situación de las obras.
Tras la visita, la entidad señaló que no correspondía iniciar un procedimiento sancionador debido a que la planta aún no se encontraba en funcionamiento. Además, indicó que durante la supervisión las labores de construcción se hallaban detenidas.
El especialista César Ipenza recordó que la normativa ambiental contempla sanciones relacionadas con el desarrollo de proyectos sin contar con instrumentos de gestión ambiental aprobados. En su análisis, la regulación también alcanza a las fases de construcción de infraestructura.
“El OEFA tiene una resolución del Consejo Directivo que tipifica las infracciones administrativas. Allí se menciona el desarrollar proyectos o actividades sin contar con instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente”, explicó.
Similitudes con situación de Tenda Cerámica
El caso ha sido comparado con otro emprendimiento de capital chino que generó controversia en el país. Se trata de la planta de Tenda Cerámica instalada en la región Ica, que también fue señalada por iniciar trabajos mientras aún tramitaba permisos.
Dentro de ambos proyectos aparece el nombre del empresario chino Sze Ka Sum, quien ha visitado entidades del Estado representando a estas compañías. Su participación en gestiones vinculadas a las dos iniciativas ha llamado la atención dentro del sector industrial.
Representantes del proyecto en Chilca evitaron brindar declaraciones cuando fueron consultados en el lugar de las obras. Los ciudadanos presentes en el terreno señalaron que cualquier consulta debía realizarse a través de su abogado.
Posteriormente, la empresa remitió un comunicado en el que sostiene que sus actividades se desarrollan dentro del marco legal peruano. También afirma que las denuncias provienen de organizaciones vinculadas a empresas competidoras del sector del acero.
Mientras continúan los cuestionamientos, la obra mantiene avances visibles en el terreno ubicado al sur de Lima. La situación ha abierto un debate sobre la supervisión de grandes proyectos industriales y el cumplimiento de los procedimientos ambientales en el país.
