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Recién el año pasado, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, abrió investigación preliminar contra cuatro personas por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible, peculado y cohecho pasivo propio.
Ellos son César Ormeño Chávez (Representante de la empresa contratista), Alain Omar Rosas León (Jefe de supervisión de obras), Apolonio José Arango Morote (Subgerente de Infraestructura) y Alfredo Obdulio Aguirre Polanco (Jefe de la División de Infraestructura). La denuncia lo hizo el procurador de la Municipalidad Distrital de La Tinguiña.
La gestión de Carlos Reyes Roque, siendo alcalde de este distrito iqueño en el periodo 2016-2018, licitó la obra: “Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N° 22491 Micaela Bastidas Puyucawa” al Consorcio Micaela, integrado por las empresas R y 3 Construcciones y Servicios SAC (72%), empresa Arquin Contratistas Generales SAC (10%), empresa SMG Contratistas Generales EIRL (8%) y Julio César Pómez Calle (10%).
En diciembre del 2016, se le entregó el terreno al postor ganador para que ejecute la obra en un plazo de 225 días. Debía concluir en el 2018 y desde aquella fecha, la obra está abandonada. Reyes Roque, el actual alcalde provincial de Ica no fue capaz de encontrar una solución a una obra que licitó y que no está incluido en las investigaciones.
Según el documento del Ministerio Público, la obra se suspendió en su ejecución el 15 de setiembre del 2017 ante la falta de pago de tres valorizaciones de la obra, sin embargo, la contratista posterior a dicha fecha hasta el 31 de enero del año siguiente prosiguió con la ejecución.
“La decisión de suspensión de ejecución de obra por el contratista se constituye una decisión unilateral que deviene en presunta conducta lesiva a los intereses de la Municipalidad de La Tinguiña, porque crearía retardo del plazo en la ejecución de la obra por parte del contratista y con venia del supervisor”, dice un extracto del expediente fiscal.
El 25 de julio de 2018, el comité de recepción de obra, integrado por Arango Morote, Brian Benavides Sotelo y Rosas León, firma el acta de recepción de obra con observaciones.
Ya el 2019, la nueva gestión municipal de Juan Roque Hernández encontró varias observaciones de la obra como tomacorrientes inadecuados, no se contaría con servicios de agua para varones y mujeres, falta de señalización, área de música tendría instrumentos musicales inadecuados, cables expuestos, instalaciones eléctricas precarias. En resumen la obra representa un peligro inminente que podría dañar la integridad del alumnado o personal docente.
El consorcio ha solicitado la devolución de la carta fianza, la misma que fue denegada por que la obra no está concluida sastifactoriamente. Pero luego sí se ejecutó.
El informe fiscal señala que Arango Morote, Benavides Soto, Rosas León, Tito Astudillo Rodríguez y Aguirre Polanco; intervinieron presuntamente de forma directa en la liquidación irregular.
Todos ellos habrían “permitido presuntamente la defraudación a la Municipalidad Distrital de La Tinguiña por contribuir dolosamente al pago de sobrevaloración en avances de obra, no aplicar multas por no cumplir con el calendario de la obra, no hacer cumplir la paralización de la obra, y por permitir con sus informes que se termine la liquidación de obra”.
El expediente fiscal señala que Carlos Yallico Huaranga, Aguirre Polanco, Arango Morote, Benavides Soto, Rosas León, Ormeño Chávez y Astudillo Rodríguez, fueron citados a declarar en noviembre del año pasado.
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