Los trabajadores del Ministerio Público en Ica han iniciado una huelga preventiva de 72 horas, exigiendo un incremento en sus remuneraciones y mejoras en sus condiciones laborales. La medida de lucha, encabezada por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público.
Huelga salarial
Iván Escalante, secretario del sindicato en Ica, expresó las demandas de los trabajadores durante una movilización que recorrió varias calles de la ciudad, culminando en la plaza de armas. “La lucha en esta oportunidad se debe a que el gobierno ha restringido los presupuestos para nuestra institución. Nuestro presupuesto anual es de aproximadamente 8 mil millones, pero solo nos han otorgado 4 mil millones”, declaró Escalante. Los trabajadores sostienen que esta falta de recursos ha afectado seriamente sus condiciones de trabajo, sumándose a otros problemas ya existentes.
Entre los reclamos más urgentes se encuentra la situación de la morgue central de Ica, que lleva varias semanas sin suministro eléctrico, una situación que agrava la prestación de servicios forenses en la región. “A nivel nacional, varios locales del Ministerio Público están acumulando deudas significativas debido al alquiler de predios, lo que refleja el desfinanciamiento que enfrentamos”, añadió Escalante, quien también destacó que esta crisis no es solo en la región, sino que afecta a diversas sedes del Ministerio Público en todo el país.
Escalante mencionó casos como el de un conductor, quien después de 14 años de servicio bajo un contrato CAS, continúa ganando un salario de solo 1,200 soles, sin la posibilidad de un aumento debido a las restricciones legales vigentes. Esta desigualdad salarial afecta a más de 600 trabajadores en toda la región, quienes exigen que se tomen medidas inmediatas para corregir esta situación.
A pesar de la huelga preventiva, hasta el 14 de octubre no se ha logrado ningún acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Escalante advirtió que, si no se alcanzan soluciones concretas en los próximos días, no se descarta la posibilidad de radicalizar las medidas de protesta.
Esta movilización se suma a otras acciones similares que se han llevado a cabo en diferentes regiones del país, evidenciando la profunda crisis presupuestaria que enfrenta el sistema judicial peruano. Los trabajadores esperan que las autoridades tomen en cuenta sus demandas y den una solución justa a las condiciones laborales y salariales que han afectado el desempeño de sus funciones.
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