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El consejero regional César Magallanes Dagnino recorrió los tres primeros tramos de la obra Control de Desbordes e Inundaciones del Río Ica, verificando que la llegada de las aguas de las zonas altas está afectando el poco avance de la mencionada obra.
Falta de conocimiento
El concejal cuestionó la falta de capacidad de los nuevos funcionarios del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha precisando que su falta de experiencia viene perjudicando el desarrollo de esta obra tan esperada por la población iqueña.
Descargas programadas
Según información de la Junta de Usuarios de Riego del Río Ica, el periodo de descargas se inició el 1 y culmina el 30 de setiembre, donde esperan recibir de forma regulada un promedio de 7 m3 por segundo desde la laguna de Choclococha hasta la estación hidrométrica de La Achirana.
“Mientras se pueda regular la cantidad de agua para el río no habrá afectación, el problema son las avenidas de agua que normalmente se inician en el mes de diciembre, con el cambio climático puede adelantarse o quizás no presentarse”, declaró Dennis Martínez de la Cruz de la junta de usuarios.
Ante esta alerta, los contratistas de los tramos 1, 2 y 3 han iniciado la colocación de geomembranas para tratar de formar un cauce provisional y que el agua discurra sin afectar la ejecución de la obra, hasta el mes de diciembre, donde el caudal aumenta como todos los años siendo necesario paralizarla.
División por tramos
Magallanes dijo que desde el planteamiento de la obra para que se ejecute a través del programa Reconstrucción con Cambios, estuvo mal, indicando desde la división en tramos y que cada uno tenga una empresa distinta para su ejecución, perjudica al momento de querer formular un reclamo o solicitar información al respecto.
“La obra cuesta 208 millones de soles, no es posible que otro año más estemos angustiados que se viene el agua, se traerá abajo todo lo construido, nuevamente llega la crecida del río y toda la población es vulnerable a un desborde o inundación”, enfatizó.
El concejero no descartó el formular una denuncia penal ante el Ministerio Público por la exposición de la población a un desastre natural.
