Hasta 680 quejas se registraron desde el año 2019 hasta la actualidad en la Defensoría del Pueblo en Ica, en contra de distintos municipios provinciales y distritales, relacionados a la falta de calidad en los servicios municipales, denuncias vecinales, incumplimiento de pago de beneficios sociales al trabajador municipal y otros, así lo informó el jefe de la Oficina Defensorial de Ica, Jorge Hernández Velarde.
Falta de calidad en los servicios
Señaló que la institución recabó las denuncias recibidas entre enero del 2019 y agosto del 2022 para elaborar un ranking de las municipalidades más quejadas en la región. El listado lo lidera la Municipalidad Provincial de Ica con 208 quejas de la ciudadanía. La comuna administra una población estimada de 178 mil personas, también se encuentran en el ranking, la Municipalidad Distrital de Parcona con 42 quejas fundadas, seguido de las municipalidades provinciales de Pisco y Chincha, con 33 y 32 quejas, respectivamente.
“La población debe conocer la importancia de elegir bien a las autoridades que hagan uso correcto de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía, los casos que hemos recibido son problemas de demora en atención, denuncias vecinales, incumplimiento de plazos para resolver pedidos de ciudadanos y también en el aspecto laboral, trabajadores que a pesar de existir resolución administrativa o un fallo judicial no se cumple con el pago de sus beneficios laborales como vacaciones truncas, CTS y otros”, declaró.
Señaló que en el reporte también presenta más de una decena de quejas en los municipios de Los Aquijes, Santiago, La Tinguiña, Paracas, jurisdicciones donde también se acumulan los registros que en su mayoría son por problemas de trámites y procedimientos, con 280 casos, además de 105 casos por falta de calidad en servicios o en la atención de las denuncias vecinales, entre otros.
Despliegue electoral
Por otro lado, comentó que en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, la Oficina Defensorial de Ica realizará un despliegue antes, durante y después de los comicios electorales de mañana 2 de octubre. Para ello, 24 funcionarios de la Defensoría del Pueblo supervisarán estrictamente 47 locales de votación y 511 mesas de sufragio en la provincia iqueña.
Hernández Velarde indicó que se verificará que los órganos electorales realicen su labor conforme a la Constitución y las normas, y se garantizará también los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad, como son aquellas con discapacidad y otros. Asimismo, que se respete el principio de neutralidad.
“Todos los funcionarios y servidores del Estado deben cumplir el principio de neutralidad, sin embargo, hemos atendido hasta 8 casos que han sido derivados al Jurado Electoral Especial. Supervisaremos los locales de votación donde no debe haber ningún contenido de propaganda política en un radio de 100 metros, también observamos con muchísima preocupación que todos los postes de alumbrado público y otras sirvan para pegar afiches de candidatos, a pesar que las ordenanzas municipales los prohíben, por eso exhortamos a las organizaciones políticas a que retiren su propaganda”, apuntó.