Se desarrolló una diligencia de constatación y verificación en el kilómetro 13 de la carretera Interoceánica Nasca–Puquio, muy cerca a los sectores de El Sausal, Tierras Blancas y Sol de Oro, en la provincia de Nasca. La intervención reunió a representantes de la Policía Nacional, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ica, Agencia Agraria Nasca y otros.
Viven de la agricultura
En paralelo, decenas de agricultores y comuneros se concentraron en la vía para expresar su rechazo a la operación de una planta de procesamiento atribuida a la minera “El Olivar Imperial”, la cual, según denunciaron, operaría de manera informal. Los manifestantes señalaron que esta actividad estaría generando impactos negativos en sus cultivos y en el entorno ambiental.
Como parte de la protesta, los agricultores exhibieron productos como sandías, papas, choclos, limones, cebollas y paltas, que aseguran evidencian deterioro.
“Estamos indignados por la contaminación de nuestros cultivos, que deberían llegar sanos a los hogares, pero ahora se están contaminando con minerales”, declaró una agricultora. “Ese relave minero con cianuro está a pocos metros del río, y el viento arrastra el material hacia los campos”, agregó.
Los comuneros advirtieron que hasta 1,800 agricultores del valle de Tierras Blancas podrían verse afectados si la planta entra en funcionamiento. Asimismo, alertaron sobre el riesgo de que, ante lluvias o huaicos, los relaves mineros sean arrastrados hacia el cauce del río, que se ubica a solo 100 metros, ampliando el impacto ambiental.
“Ante una eventual lluvia, todo ese relave va a terminar en el río. Es un riesgo que no se está evaluando correctamente”, sostuvo otro dirigente durante la protesta.
William Salazar, director de la Agencia Agraria de Nasca, acudió al lugar tras el llamado de los agricultores y respaldó su preocupación. “Si esta planta minera llega a operar, va a perjudicar tanto a la población como a los agricultores. El polvo que genera es altamente contaminante”, señaló.
“Nuestro apoyo es con los agricultores, porque se trata de la seguridad alimentaria y del sustento de muchas familias”, añadió.
Por su parte, la abogada Noemy Castañeda cuestionó la legalidad de las operaciones mineras en la zona y apuntó a la falta de ordenamiento territorial.
“No nos explicamos cómo se han instalado estas actividades en zonas de riesgo. La ley prohíbe ocupar estos espacios”, afirmó.
También indicó: “Estamos frente a una planta procesadora que estaría operando de manera informal y a escasos metros del río. ¿Cómo se están otorgando estos permisos? Pedimos a las autoridades que tomen acciones inmediatas”.
Castañeda también denunció una proliferación de plantas mineras en la provincia. “Nasca está plagada de plantas mineras que no cuentan con una zonificación clara. Exigimos a las autoridades locales que transparenten dónde están las áreas autorizadas para esta actividad. No se puede seguir permitiendo operaciones informales que ponen en riesgo el medio ambiente”, sostuvo.
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