La maternidad en niñas de entre 11 y 14 años continúa siendo una situación crítica en Ica. De acuerdo con los registros del Ministerio de Salud, 50 menores de este grupo de edad dieron a luz entre enero y agosto de 2026 en la región.
Niñez truncada
Los datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Minsa, muestran que los casos se distribuyeron durante prácticamente todos los meses del año: seis en enero, seis en febrero, cuatro en marzo, ocho en abril, seis en mayo, nueve en junio, seis en julio y cinco en agosto.
Se trata de niñas que enfrentan un embarazo a una edad en la que todavía se encuentran en etapa escolar y de desarrollo. Según la información reportada, varios de estos casos estarían relacionados con el delito de violación sexual.
La maternidad a temprana edad también tiene repercusiones en la trayectoria educativa de las menores. De las 50 niñas registradas este año, dos no culminaron la primaria y otras 43 todavía no terminan la secundaria.
La interrupción de los estudios puede reducir sus oportunidades de continuar una formación profesional y acceder posteriormente a un empleo formal, aumentando el riesgo de que estas menores y sus hijos enfrenten condiciones de vulnerabilidad económica.
La situación no es nueva en Ica. Entre 2016 y 2026 se han registrado 729 niñas de entre 11 y 14 años que fueron madres en el departamento.
Los registros muestran variaciones importantes a lo largo de los años. En 2019 se contabilizaron 72 casos; en 2020 fueron 54 y en 2021 llegaron a 61. El número más elevado se registró en 2022, con 91 niñas que se convirtieron en madres. Posteriormente, hubo 70 casos en 2023, 60 en 2024 y 58 durante 2025.
A nivel nacional, el problema alcanza una dimensión aún mayor. Durante el periodo 2016-2026, los registros citados contabilizan 24.578 niñas de 11 a 14 años que fueron madres.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que, de acuerdo con la legislación peruana, los embarazos de niñas menores de 14 años se encuentran vinculados a situaciones de violencia sexual y deben ser investigados por las autoridades competentes.
La institución también ha advertido sobre la necesidad de garantizar que las menores reciban atención médica y psicológica, además del seguimiento correspondiente durante los procesos de recuperación y las investigaciones judiciales.
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