El director regional de Educación de Ica, Gustavo Céspedes Martínez, afronta otro pedido de separación del cargo. Esta vez, el ciudadano José Luis Felipe Cabrera ha solicitado al Gobierno Regional de Ica que se dé cumplimiento al Acuerdo de Consejo Regional N°021 de julio del 2023, donde el pleno del Consejo Regional Ica acordó exhortar que se remueva del cargo, tras ser señalado de no ejercer la función eficientemente.
Documentación presentada
La reciente solicitud fue presentada con atención al gerente general del Gobierno Regional de Ica, Abel Osorio, donde se indica “el inmediato cumplimiento del Acuerdo de Consejo Regional N°021, de fecha 3 de julio del 2023, donde se exhorta al gerente del GORE Ica remueva del cargo al director de la DRE Ica, Gustavo Céspedes, y se designé a un nuevo director por las razones esgrimidas en la sesión de fecha 9 de junio del 2023″, se lee.
En la mencionada sesión a la que se hace referencia, el consejero regional de Ica, Washington Sotelo Luna, expuso que “el director de la DRE Ica no estaría ejerciendo de manera eficiente, lo que se refleja, entre otras cosas, en permitir que continúen en el cargo subdirectores de UGEL, que están siendo cuestionados seriamente, y que para efectos de ejercer la labor a fiscalizadoras del Consejo Regional de Ica, resulta necesaria su remoción”.
En la documentación del ciudadano Felipe Cabrera también se da a conocer presuntas ilegalidades cometidas por el funcionario y solicita que se investiguen. Detalla que se habría efectuado el desplazamiento de manera ilegal de María Consuelo Ormeño Cayo, en su condición de secretaria nombraba del despacho de la DRE Ica, enviándola a la UGEL Ica como secretaria del Área de Gestión Pedagógica, y se contrató para el cargo de secretaria de la DRE Ica a Ericka Petronila Aquije Hernández, quien no cumpliría los requisitos del perfil para el cargo.
También se indicó que en febrero del 2023, se habría ordenado el cese ilegal y arbitrario por límite de edad (70 años) de los docentes Betsy Barrios Morán y Emilio Ruiz Grandez del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Catalina Buendía de Pecho”, cuando la norma estable que el cese del docente por límite de edad es a los 75 años. De igual forma, en mayo de este año, se habría contratado de manera irregular a seis docentes que no cumplirían los requisitos para el Centro de Educación Básica Alternativa “Abraham Valdelomar”.
La documentación detalla que, en agosto del 2023, se perjudicó a 23 directivos y docentes, ya que se declaró la nulidad parcial de las evaluaciones de los directivos de las instituciones educativas de Chincha, también en un acto público, la DRE Ica habría indicado el reinicio de las clases presenciales en el colegio “Nuestra Señora de las Mercedes”, pese a que aún existían deficiencias en la obra que se ejecuta en la sede escolar.
El director regional de Educación de Ica, Gustavo Céspedes, se pronunció sobre la sesión de consejo regional en Pisco, donde se dio a conocer presuntos hechos irregulares en reasignaciones, y una docente denunció que se cobró 10 mil soles por una plaza.
“Una profesora indicó que se había vulnerado su derecho en un concurso de reasignación y se habría cobrado a una amiga de ella 10 mil soles, tomé conocimiento y le dije que me explicará el hecho, y hemos resuelto su problema, no se ha vulnerado ningún derecho, simplemente que el Ministerio de Educación, la plaza que inicialmente había publicado el Minedu a través de la UGEL Chincha, esa plaza el Minedu la actualizó y la puso después como no elegible, es por eso que se ve afectada la profesora, pero nosotros hemos hecho una ruta para poder traer a la profesora a Chincha o a Ica, mediante un destaque en enero del 2024. Otro punto que se conversó fue como han sido los hechos para saber en qué proceso de reasignación se habría cobrado los 10 mil soles y ella manifestó que fue en el proceso de reasignación del año pasado y se ha emplazado para que mediante documentación se establezca quien es el responsable”, declaró y añadió que en el caso del colegio Nuestra Señora de las Mercedes, la empresa constructora ha sido penalizada al máximo por la demora de entrega de la obra y el Órgano de Control Institucional ha observado deficiencias en la infraestructura construida.
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