La Contraloría General de la República detectó serias observaciones en el manejo del registro de contratos de consultoría de la Municipalidad Distrital de San Clemente, en la provincia de Pisco (Ica), en el marco del uso del aplicativo informático SIRICC, evidenciando deficiencias que afectan la transparencia del gasto público y el adecuado control de los recursos del Estado.
Informe de Contraloría
De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio Nº 3595-2026-CG/PREV-SOO, emitido el 31 de marzo de 2026, se identificaron dos situaciones adversas. La primera corresponde a la existencia de 697 expedientes SIAF precargados entre los años 2015 y 2025 que permanecen pendientes de vinculación o exclusión, incumpliendo la obligación de depuración previa al registro de contratos de consultoría, lo que retrasa su validación y publicación.
Asimismo, el documento señala que existen 30 contratos de consultoría correspondientes al año 2023 que, pese a haber sido validados, no fueron publicados en el sistema SIRICC dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. Esta omisión limita el acceso de la ciudadanía a información clave sobre el uso de los recursos públicos y debilita los mecanismos de vigilancia y fiscalización.
La Contraloría concluyó que estas irregularidades constituyen incumplimientos de la Ley Nº 31559 y de la Directiva Nº 013-2024-CG/PREVI, que obligan a las entidades públicas a registrar, vincular y publicar oportunamente los contratos de consultoría. En ese sentido, advirtió que la falta de cumplimiento de estos procedimientos compromete la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión municipal.
Estas observaciones recaen en la actual gestión del alcalde del distrito de San Clemente, Alejandro Felipe Escate Palacios, la cual viene siendo duramente cuestionada por un sector de la población debido a presuntas deficiencias en la administración municipal y el manejo de la información pública.
Ante este escenario, el órgano de control recomendó al titular de la entidad adoptar medidas correctivas inmediatas, así como disponer las acciones necesarias para regularizar el registro y publicación de los contratos observados. Además, se deberá informar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Pisco, en un plazo máximo de cinco días hábiles, sobre las medidas implementadas para subsanar las deficiencias detectadas.
Finalmente, la Contraloría enfatizó la importancia de cumplir con los principios de transparencia, legalidad y eficiencia en la gestión pública, a fin de garantizar el correcto uso de los recursos del Estado y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, hasta el cierre de esta edición no hay emitido un comunicado de la comuna aludida.
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