El ciudadano Zósimo Huancahuari Huaripaucar acudió ayer al Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción de Ica para ratificar una denuncia presentada en mayo de 2025 contra dos regidores de la Municipalidad Provincial de Ica, a quienes acusa de haber solicitado dinero y terrenos a cambio de no continuar con un proceso administrativo sobre un predio.
Grave denuncia
La diligencia se realizó en la sede de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, donde el denunciante se presentó acompañado de su abogado. El caso involucra a los concejales Jorge Hinostroza Alejo y Carlos Ponce Aparicio, quienes, según la acusación, habrían exigido 250 mil soles y la entrega de dos hectáreas de terreno para frenar la reversión de un predio de más de 111 mil metros cuadrados, ubicado en el sector La Victoria, en la provincia de Ica.
De acuerdo con Huancahuari, esta situación generó la paralización de un proyecto inmobiliario que ya contaba con aprobación técnica. “Hemos venido a ratificar la denuncia tal como lo habíamos hecho en su momento (…) han paralizado el proyecto y han perjudicado una iniciativa que ya estaba aprobada con planeamiento integral”, declaró.
El terreno en cuestión, según la versión del denunciante, fue adquirido legalmente y se encuentra inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). No obstante, en 2025, la Municipalidad Provincial de Ica ejecutó la reversión definitiva del dominio del predio, lo que desató el conflicto legal y administrativo.
El abogado del denunciante, Carlos Maraví Oviedo, sostuvo que su patrocinado, en calidad de gerente de la empresa APV Villa Inmaculada y miembro de la Asociación Pro Vivienda La Victoria, brindó detalles adicionales durante la ratificación de la denuncia. Entre ellos, mencionó reuniones con los implicados y la presunta entrega parcial de dinero.
“El señor Zósimo ha venido a ratificar la denuncia (…) donde estos funcionarios exigían la suma de 250 mil soles y dos hectáreas del terreno”, afirmó el letrado.
Asimismo, señaló que existiría un tercer implicado, identificado como Percy Tacas, quien habría actuado como intermediario en las coordinaciones. Según indicó, uno de los hechos más relevantes es la supuesta entrega de una suma inicial de dinero.
“Se han dado detalles importantes sobre las reuniones sostenidas en establecimientos comerciales de Ica y sobre la entrega de una parte del dinero, en este caso 10 mil soles, que se le habría entregado al señor Hinostroza en su domicilio”, precisó.
La defensa considera que estos elementos son suficientes para sustentar una imputación formal. Sin embargo, cuestionó la lentitud del proceso, señalando que ha pasado casi un año desde la denuncia inicial sin avances significativos.
“Lamentamos que no se avance con celeridad. No es posible ni saludable para la administración de justicia que investigaciones de esta naturaleza vayan a paso lento”, indicó Maraví Oviedo, quien hizo un llamado al Ministerio Público para que formalice la investigación preparatoria.
El caso también se encuentra en otras instancias. Según el abogado, se ha interpuesto una acción de amparo que ya está judicializada, mientras que existen procesos paralelos por presunto abuso de autoridad contra funcionarios que participaron en la reversión del terreno.
En esa línea, la defensa sostiene que la propiedad fue adjudicada de manera onerosa en la década de 1990, lo que —afirman— impediría legalmente su reversión. “La empresa pagó por este terreno, estaba saneado e inscrito en Registros Públicos, no tenía por qué encontrarse en esta situación”, enfatizó el abogado.
Por su parte, Huancahuari expresó su preocupación por el impacto que el caso ha generado en los asociados y clientes del proyecto. “Hay una preocupación grande (…) estamos pasando un mal momento porque todo el proyecto se ha paralizado por malos funcionarios”, manifestó.
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