Veinticinco puntos críticos permanecen sin acciones acreditadas de intervención preventiva en seis distritos de la provincia de Ica, pese al riesgo de inundaciones y deslizamientos que amenaza a 4874 pobladores y 960 viviendas.
Riesgo de inundación
La situación fue advertida por la Contraloría General de la República a través de los informes de visita de control N.° 016-2026, 017-2026, 018-2026, 019-2026, 020-2026 y 021-2026-OCI/0406-SVC, emitidos tras las evaluaciones realizadas entre el 6 y el 14 de julio.
Los informes corresponden a las municipalidades distritales de Santiago, Ocucaje, Pachacútec, San Juan Bautista, San José de los Molinos y Yauca del Rosario, las cuales recibieron oportunamente fichas técnicas referenciales elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Sin embargo, el órgano de control advirtió que no se acreditaron acciones de gestión suficientes para concretar los trabajos preventivos en las zonas identificadas como vulnerables.
Las fichas técnicas proponían ejecutar trabajos de limpieza, descolmatación, conformación de diques, bordos y enrocados en el río Ica y diversas quebradas. Entre los sectores considerados dentro de los puntos críticos figuran Paraya, Tingue, Chapi, Catalina, El Carmen, El Olivo, Santa Ana, La Banda, La Ranchería, La Palma y Huarangal, donde una eventual emergencia podría generar serias afectaciones.
La advertencia de la Contraloría revela que la población no es la única expuesta. Según los resultados de las visitas de control, también se encuentran en riesgo 736 hectáreas de cultivo, 400 cabezas de ganado, 18.8 kilómetros de vías y 13.6 mil metros de infraestructura de riego o hidráulica, además de tres establecimientos de salud y dos instituciones educativas.
En el caso de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, se conoció que la comuna presentó una solicitud de financiamiento ante el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES). No obstante, el pedido fue observado debido al incumplimiento de los requisitos exigidos y a la identificación de observaciones calificadas como no subsanables, lo que impidió concretar el acceso a recursos para los trabajos preventivos.
La falta de intervenciones acreditadas mantiene bajo alerta a miles de familias que viven cerca de ríos y quebradas vulnerables. Los trabajos propuestos buscaban precisamente reducir los riesgos de inundaciones y deslizamientos mediante obras de protección, pero hasta el periodo evaluado por la Contraloría no se acreditaron gestiones suficientes para impulsar la ejecución de estas acciones.
Finalmente, los resultados contenidos en los informes fueron comunicados a los titulares de las seis municipalidades involucradas para que adopten las medidas preventivas y correctivas correspondientes. La alerta deja así 25 puntos críticos pendientes de atención acreditada y cerca de 4.8 mil pobladores expuestos, mientras las autoridades locales enfrentan el reto de acelerar las gestiones antes de una eventual emergencia.
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