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La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) inició el trámite correspondiente para la aplicación de la Ley N° 31131, a fin de que los 706 trabajadores ediles bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) puedan ingresar a una nueva modalidad de contratación que les reconozca sus derechos sociales. En ese sentido, el alcalde José Ruiz Vega anunció a los empleados ediles que migrarán a la estabilidad laboral.
“Durante estos años, la vulneración de los derechos laborales son parte del pasado. Ya existe una nueva ley (…) nos hemos reunido con los sindicatos y estamos haciendo el anuncio respectivo. Ya contamos con una opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica para que se incorporen al régimen 276 o al 728, según corresponda”, manifestó la autoridad edil.
Asimismo, indicó a los empleados CAS que la Gerencia de Personal les adjuntará una adenda de contrato indeterminado, exhortándoles a seguir trabajando por la ciudad y seguir mejorando el servicio municipal.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Trujillo (SEMUT), Ulises Rodríguez Cadilllo, recordó que, desde hace más de 10 años, vienen luchando por la estabilidad laboral, por lo que el anuncio de la entrega de adenda de contrato indeterminado garantizará la seguridad de que los trabajadores puedan hacer la migración respectiva. Asimismo, agradeció a Ruiz Vega y funcionarios ediles por el apoyo y la identificación con la problemática laboral del sector.
Coordinador nacional de “CAS Nunca Más”, Alan Díaz, afirmó que Ruiz Vega se ha convertido en el primer alcalde, a nivel del país, en aplicar la Ley N° 31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público, aprobada el año pasado. Como se recuerda, el caso está siendo revisado en el Tribunal Constitucional (TC), y el reglamento de la norma aún no se ha promulgado, pero ello no impide su aplicación y exigencia. La autoridad respaldó las protestas realizadas en Lima meses atrás.
Entre tanto, debe contarse, en el menor tiempo posible, con los detalles de la reglamentación para que, en el plazo de 5 años como máximo, se culmine la incorporación a los regímenes mencionados.
