El abogado Fernando Calderón Burgos descartó que el suspendido alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, vuelva este 10 de junio a sentarse en el sillón edil y retome sus funciones como burgomaestre para que culmine su periodo 2023-2026, tal como se está anunciando en redes sociales.
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El letrado explicó que el retorno de Fernández no es automático y que hay dos razones por las que el suspendido alcalde no puede regresar a la comuna.
Aún no cumple
Calderón señaló como primer impedimento para que Fernández retorne a la MPT el hecho de que aún no se ha cumplido con la sentencia de un año de prisión suspendida que se le dictó por haber difamado a la oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Nataly Rojas.
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“Fernández no cumple su condena en junio como se está indicado, pues el Poder Judicial habilitó el sistema biométrico en setiembre de 2023. Él tendría que demostrar que ha ido a firmar los 12 meses y eso aún no se cumple todavía. Que demuestre su constancia que ha ido a firmar los 12 meses”, indicó.
En segundo punto, Calderón mencionó que la Corte Suprema ha programado para este 11 de julio la audiencia para resolver el recurso de queja que presentó Arturo Fernández sobre la sentencia que se emitió en su contra.
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En ese sentido, mientras ese tema no se resuelva y la máxima instancia judicial del país no se pronuncie, el suspendido alcalde no podrá volver a la MPT.
“Es probable que la Corte Suprema declare improcedente ese recurso extraordinario de queja y se confirme la sentencia contra Fernández. Es más, quedaría abierta la posibilidad de que se solicite nuevamente la vacancia en su contra”, añadió.
Además, Fernández no tiene las credenciales de alcalde. “Primero tendría que hacer un trámite de rehabilitación ante el Juzgado que lo sentenció y eso tampoco ha sucedido”, acotó el abogado.
