En la primera audiencia regional organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la mayoría de autoridades y representantes de la sociedad civil de La Libertad rechazaron aplicar la pena capital a violadores de niños. Alegaron que renunciar al Pacto de San José traería consecuencias.
En la primera audiencia regional organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la mayoría de autoridades y representantes de la sociedad civil de La Libertad rechazaron aplicar la pena capital a violadores de niños. Alegaron que renunciar al Pacto de San José traería consecuencias.

Se van marcando las posiciones. Ayer durante la primera jornada de debate sobre la pena de muerte en casos de violación de menores de edad, que organizó el y que tuvo como escenario el auditorio del Colegio de Ingenieros de La Libertad, la mayoría de autoridades y representantes de la sociedad civil se mostraron en contra de aplicarla en nuestro país.

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El encargado de abrir el debate fue el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor Burgos Mariños, quien sostuvo que hablar de aplicar la pena de muerte en el Perú es un “imposible jurídico”, ya que antes de ello tendría que existir la decisión política del Ejecutivo de renunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

“No estoy de acuerdo con la pena de muerte. En el mundo hay tendencia a abolirla. Ahora bien, no se trata de un tema sencillo, pues apartarnos del Pacto de San José traería una serie de inconvenientes como renunciar a la protección de los derechos humanos por una justicia supranacional”, agregó.

Coincide

Lea Guayán Huaccha, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, sostuvo que se repudia el delito de violación a menores de edad. Sin embargo, consideró que la pena de muerte no es el camino, ya que en el mundo hay una corriente abolicionista a ello. “Renunciar al Pacto de San José podría traer graves consecuencias para todos los peruanos. Acá tiene que haber más prevención e investigación”, agregó.

En tanto, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Wilson Toribio Vereau, dijo que por su formación católica está en contra de la pena de muerte. No obstante, expresó su preocupación por los altos índices de inseguridad que golpean al país.

En esa misma línea, el burgomaestre de la comuna de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruiz, señaló que la aplicación de la pena de muerte es un tema muy complejo que tiene que ser evaluado.

El decano del colegio de Abogados de La Libertad, Yvo Hora Ordinola, y su similar del Colegio de Economistas, Francisco Huerta Benites, también se expresaron en contra de la pena de muerte.

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La iglesia

Por su parte, el padre Marco Pacherres Torrejón, representante de la Iglesia Católica, rechazó la idea de la pena de muerte. “Si un delito se comete, tiene que sancionarse; pero la muerte no regresa el tiempo, no restaura lo roto, ni reivindica a la víctima. La norma más fuerte no hace cambiar el corazón de una persona”, añadió.

Solo el congresista Carlos Alva Rojas expresó su intención de votar a favor de la pena de muerte si esta llegara a plantearse en el Parlamento. “No es populismo, si hay que votar lo haría presionando el botón verde”, enfatizó.

Al finalizar el evento, el ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa, manifestó que lo importante es que se abrió un espacio de diálogo para conocer la posición de los representantes de la sociedad civil liberteña. “Vamos a escuchar a la voz del pueblo. Estamos analizando y lo haremos en todo el país y en su momento daremos nuestra opinión”, acotó.

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