En la costa y en la sierra, la tensión se siente por dos demandas sociales. En la provincia de Virú, la población se opone tajantemente a la instalación de un nuevo peaje en el distrito de Guadalupito, mientras que en la provincia de Pataz la orden sería parar todas las actividades si el gobierno de Dina Boluarte no asume el compromiso de asfaltar 610 kilómetros de carretera.
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Conflicto
Diario Correo conversó con la consejera regional por la provincia de Virú, Edy Camacho Barreto, quien explicó que la jurisdicción a la que representa acordó no permitir la instalación de más casetas en la Panamericana Norte, en este caso en la localidad ubicada en el límite fronterizo entre las regiones de La Libertad y Áncash.
“La construcción del nuevo peaje debe ser descartado. He puesto en conocimiento del Ministerio de Transportes esta problemática. En mi provincia, lo que menos queremos es que esto se dé y por eso debe quedar sin efecto porque generaría un nuevo conflicto social”, indicó.
En ese sentido, Camacho Barreto afirmó que la población se encuentra a la expectativa de esta decisión. Agregó que el alcalde de la provincia de Virú, Javier Mendoza Torres, también informó de esta problemática al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes.
“Acá se tiene que avanzar sobre todo con la construcción de la Vía de Evitamiento de Virú. Esta empresa Autopista del Norte (Aunor), que es la actual concesionaria, no invierte. Tenemos la pista actual en mal estado y el pretexto es que esa área no está concesionada y entonces, si no está concesionada, porque nos cobran peaje en Virú”, afirmó.
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Otro gran problema
En la Pataz, provincia conformada por 13 distritos, no entienden cómo hasta ahora son una de las más relegadas por el Gobierno Central, aun cuando año a año se posicionan como el principal productor de oro del Perú. La demanda en esta parte de la sierra de La Libertad pasa por el mal estado de las vías, consideradas de alcance nacional; es decir, ni el gobierno provincial ni el gobierno regional pueden intervenir con la ejecución de un proyecto millonario de infraestructura vial.
Alfredo Uriol Mariños, presidente del Comité de Gestión de Carretera Asfaltada y alcalde del distrito de Parcoy, aseguró que la presidenta Dina Boluarte está en la obligación de atender este reclamo.
“Mensualmente, fallecen entre 8 o 10 personas en la provincia por el mal estado de la carretera. Son 615 kilómetros del corredor vial que se encuentra reconocido como vía nacional. Nos merecemos ser considerados como hijos del Perú, porque ya son varios años que la carretera se tiñe de sangre”, sostuvo.
Roxana Vásquez Mendoza, presidenta de la Ronda Campesina de Parcoy, afirmó que “es un derecho que podamos tener asfaltada nuestra carretera. Nosotros somos los principales productores de oro del país, pero no tenemos ayuda alguna. Si no nos atienden estaremos tomando otras medidas”.
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