La instalación de una base militar y la declaratoria de un estado de emergencia por 120 días aparecen como una salida frente a la ola de criminalidad incontrolable en La Libertad. César Acuña, gobernador regional, aseguró ayer que, oficialmente, le envió un documento al gobierno de Dina Boluarte y le planteó que disponga la emergencia y dé luz verde a la participación de los soldados del Ejército.
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Situación
Lo que el gobernador solicita es que el Ejército tome las calles de dos provincias de la región: Pataz y Trujillo.
“Hoy (ayer) hemos enviado el documento formal al Ejecutivo, recuerden que eso se justifica y dentro del pedido estamos planteando que las fuerzas armadas tome dos provincias, la de Pataz y Trujillo, esperemos que este pedido sea aceptado y para que sea distinto a los demás”, indicó.
El líder de Alianza para el Progreso dijo estar al tanto de las últimas cinco declaratorias de emergencia dispuestas por el Estado. Según indicó, esta vez esperan resultados favorables.
“Ha habido cinco declaratorias de emergencia y la Policía ha seguido tomando el control, en este caso va a ser diferente, hemos pedido que quien debe controlar Trujillo debe ser las fuerzas armadas y quien va a colaborar otras acciones será la Policía”, añadió.
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Reacción
La consejera por la provincia de Trujillo, Verónica Escobal Ordóñez, aseguró que urgen medidas diferentes para contrarrestar el alto índice de violencia en la región. Según sostuvo, este tipo de anuncios tienen que concretarse.
“Necesitamos que la presidenta de la República, Dina Boluarte, ponga más énfasis en La Libertad. Creo que la salida de los soldados será muy importante, se estará haciendo algo muy diferente a lo que ya nos tenían acostumbrados, pero el Gobierno debe respaldar a nuestro Ejército. La instalación de una base militar, esperemos que también se concrete y se vean acciones y no solo quede en el discurso”, aseguró.
El abogado penal y exfiscal, Alfredo Galindo Peralta, teme que esa base militar, finalmente, quede como un “adorno” más en la región.
“Que se instaure un jefe político militar que esté a cargo de la zona con el Ejército y la Policía como auxiliar, esto es constitucional, y proceda a realizar los operativos con la suspensión de las garantías individuales. Además de un respaldo legal del Congreso”, añadió.
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