La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 398 mil para el Gobierno Regional de La Libertad, relacionado con la elaboración deficiente del expediente técnico destinado al mejoramiento del servicio educativo en el Instituto Superior Tecnológico Público Manuel Gonzáles Prada, ubicado en El Porvenir. Este proyecto fue desarrollado por un equipo de 17 profesionales contratados por el GORE entre 2022 y 2023.
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Las deficiencias, tanto técnicas como normativas en el expediente, fueron evidenciadas tras ser aprobadas por el personal de la Subgerencia de Estudios Definitivos del GORE, justo cuando se pretendía iniciar el proceso de contratación del ejecutor de la obra. El proyecto incluye nueva infraestructura y la adquisición de mobiliario y equipos por S/ 40.7 millones.
“Se precisa que las deficiencias en el expediente técnico se encontraron en las especialidades de Arquitectura, Estructura, Mecánica de Suelos, Costos y Presupuestos. Además, la comisión de control advirtió que los responsables de la elaboración, revisión y supervisión de los avances y entrega final del producto no observaron una serie de incumplimientos técnicos y normativos significativos en la gran mayoría de estas especialidades”, indicó la Contraloría en el informe.
Por ejemplo, se encontraron deficiencias en el diseño arquitectónico, no se cumplieron los porcentajes de inclinación en las rampas de acceso y las distancias mínimas en las rutas de evacuación. Los planos no se ajustaban a las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y los principales recursos o insumos considerados en el presupuesto de obra carecían de cotizaciones e indagaciones de mercado, o presentaban sobrecostos.
Para la Contraloría General, la especialista en arquitectura es responsable de que el expediente técnico incluya un diseño y planteamiento arquitectónico que no cumple con las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que le atribuiría responsabilidad civil. El coordinador del equipo que validó la elaboración del expediente técnico y los dos exsubgerentes de Estudios Definitivos también tendrían responsabilidad administrativa funcional.
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