La Sociedad de Beneficencia de Trujillo (SBT) se desprendió de un inmueble y lo entregó en concesión por 30 años a una empresa que no tenía la experiencia para manejarlo. El contrato fue firmado el 11 de julio de 2022 por Marlon Angulo Salvarría, exgerente de esta entidad, quien aprobó y suscribió la “ejecución de obras, conducción y concesión de servicios de educación y albergue para niños desamparados”. Así lo confirmó la Contraloría en su Informe de Control Específico N°041-2024-2-0424-SCE.
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Más detalles
Esta iniciativa tuvo dos etapas. La primera estaba vinculada con la construcción de un colegio particular consistente en la ejecución de la obra, prestación del servicio, mantenimiento, cobro de matrícula, pensiones y demás actividades generadas por actividades o servicios conexos. El otro 50% debía servir para la implementación del albergue. La empresa beneficiada fue Productos y Servicios Gutiérrez S.A.C., que el 22 de abril de 2022 presentó la intención de suscribir el acuerdo por un terreno de más de 10 mil metros cuadrados, denominado sub lote 6A, antes conocido como “Fundo Santo Tomás”, ubicado en la urbanización Las Casuarinas.
“El gerente general de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo (Marlon Angulo), sin informar al Directorio, concesionó inmueble de propiedad de la entidad, invocando una norma derogada y sin que se haya realizado procedimiento de selección previo, ni que se analice su costo beneficio”, precisó la Contraloría.
En ese sentido, el órgano de control refirió que la empresa beneficiada es “carente de experiencia, que no viene cumpliendo con sus obligaciones contractuales; generando que no se optimice la gestión o administración de los recursos de la entidad”.
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Afectación
En el informe también se identifican responsabilidades penales y administrativas en los exfuncionarios Marlon Angulo Salvarría y Fernando Calderón Burgos (exgerente de Asesoría Jurídica e Inmobiliaria de la Beneficencia).
La Contraloría notificó sobre estas presuntas irregularidades al actual presidente de la SBT, Iván La Riva Vegazzo.
“Como somos una entidad privada, no podemos inscribir las sanciones en Servir (Autoridad Nacional del Servicio Civil) y no lo dice Iván La Riva, Servir nos lo ha dicho y hubo un alboroto periodístico sobre eso”, agregó.
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Otra irregularidad
El caso expuesto es similar a la ampliación del contrato de concesión del terreno del cementerio Mampuesto que administra la empresa Jardines de la Paz. Dicho acuerdo también se ejecutó en la gestión de Ángulo.
“Nunca imaginé que una gestión podría hipotecar un contrato de 30 años sin haber culminado el primero. Estamos convencidos de que hay una suprema irregularidad”, indicó Iván La Riva.
En ese sentido, a través del informe de Control Específico N° 13258-2023-CG/GRLIB-SCE, la Contraloría resaltó que se firmó la “suscripción del contrato de renovación y ampliación de la concesión del cementerio Mampuesto a pesar de que la norma que permitió su concesión fue derogada”.
En efecto, Marlon Angulo suscribió la concesión por 30 años pese a que el contrato se encontraba vigente y recién finalizaba el 2028.
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