Son acusados del presunto delito contra la administración pública, por la designación de un funcionario que no habría cumplido con el perfil para ocupar el cargo.
Son acusados del presunto delito contra la administración pública, por la designación de un funcionario que no habría cumplido con el perfil para ocupar el cargo.

La alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Ascope, , tres regidores y dos funcionarios de confianza de la actual gestión edil están en la mira del Ministerio Público de La Libertad. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso iniciarles investigación preliminar por el presunto delito contra la administración pública.

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Proceso

Además de la alcaldesa, también se dispuso abrir investigación en contra de los regidores Rocío Castillo Díaz, Omar Cotrina Fernández y Rolando Luján Meléndez. Además, serán procesados el gerente de Promoción del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Jorge Luna Burgos, y el subgerente de Recursos Humanos, Velis Huamanchumo Arroyo.

Según la Carpeta Fiscal N° 572-2024, emitida el 17 de enero de este año, la burgomaestre y el subgerente de Recursos Humanos “presuntamente en forma directa se interesaron” en la contratación del gerente de Transporte a pesar de que “conocían que no cumplía con el requisito de capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de tres años en labores similares”. Este requisito era clave para que ocupe el cargo.

Los regidores, en tanto, serán procesados porque “presuntamente, ilegalmente, omitieron fiscalizar y controlar a la alcaldesa en el contrato de Jorge Luna Burgos”.

Tanto Rosario Cortijo como Velis Huamanchumo serán requeridos en calidad de autores, mientras que Luna es “presunto cómplice” de negociación incompatible.

A los concejales, asimismo, se les iniciará diligencias por “omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”.

Las diligencias investigatorias demorarán 120 días.

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Citación

El Ministerio Público citó a las autoridades y funcionarios de Ascope para que respondan por este caso en dos fechas. La primera será el 5 de marzo y la otra, 13 después.

“Los investigados, obligatoriamente, deben contar con un abogado patrocinante de su libre elección; caso contrario, oportunamente, deben informar para que, previas coordinaciones con este despacho y con la defensa pública de la ciudad de Trujillo, se les asigne un defensor público”, indica la citación.

El Ministerio Público también ofició a la Municipalidad Provincial de Ascope para que en un plazo de siete días derive toda la información referente a esta contratación.

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