El alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, compareció ante juzgado especializado por corrupción de funcionarios. Sin embargo, audiencia se reprogramó. Adquisición se realizó por Juegos Bolivarianos del 2013, pero nunca se utilizaron en ese evento.
El alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, compareció ante juzgado especializado por corrupción de funcionarios. Sin embargo, audiencia se reprogramó. Adquisición se realizó por Juegos Bolivarianos del 2013, pero nunca se utilizaron en ese evento.

El alcalde de Trujillo, , compareció ayer ante el juez , del Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La autoridad se conectó virtualmente con sus dos abogados, sin embargo, el juicio se reprogramó para el 10 de noviembre porque otros abogados de dos acusados recién se involucraron en el caso.

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La Fiscalía ratificó su pedido de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva contra el alcalde Ruiz y otros exregidores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, involucrados en la compra de equipos de seguridad valorizados en más de un millón de soles.

Lo irregular

Para la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, la adquisición se realizó previa exoneración de los procesos de compra, bajo una situación de emergencia que nunca existió, según sustentó el representante de esta Fiscalía, Julio Roldán.

“En este juicio, vamos a dejar en evidencia que esta emergencia nunca existió, no se presentó esta situación que la ley prevé para exonerar un proceso de selección, esto debido a que los XVI Juegos Bolivarianos se desarrollaron del 15 al 25 de noviembre del 2013, sin embargo la buena pro fue otorgada el día 23 de diciembre, es decir a un mes de haberse clausurado los Juegos Bolivarianos”, indicó el magistrado.

José Ruiz Vega por el momento ha preferido el silencio. Su caso recién se hizo público ayer tras la publicación de este Diario. Los otros involucrados que también comparecieron fueron los exregidores de Huanchaco Ricardo Apolaya Tafur, Eufemia Vásquez Tarrillo y la exalcaldesa Dilia Mestanza Rengifo.

“Puesto que en ejercicio de sus funciones públicas se interesaron indebidamente en la contratación de bienes para el equipamiento de la Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, el cual les estaba confiado por razón de su cargo”, también se precisa en la acusación del Ministerio Público.

Lo adquirido durante una situación de emergencia que, según la Fiscalía, nunca existió, fue: 5 camionetas, 2 cuatrimotos, 10 motos lineales, 1 base de radios con antes, 70 linternas, 140 uniformes completos, 200 alarmas y otros equipos complementarios por el monto exacto de 1′215,678.45 soles.

Siempre dudó

El actual alcalde de Trujillo entró en la escena política local tras promover la revocatoria del exalcalde de Huanchaco, Fernando Bazán, y propició que el cargo fuera ocupado por Delia Mestanza Rengifo. La iniciativa de Ruiz obtuvo el apoyo de la población huanchaquera y de esta manera ascendió a alcalde en las siguientes elecciones.

Sin embargo, en esta historia vinculada al delito de negociación incompatible, también hay regidores que se opusieron a esta exoneración que tenía como objetivo acelerar todos los plazos: Fernando Barrantes García, Saúl Pérez Cortes y Rita Marquina Araujo.

Diario Correo conversó con el regidor Saúl Pérez Cortes, también exalcalde del centro poblado El Milagro.

“Yo lo recuerdo, mi posición estaba clara. Había un tema de irregularidad latente según lo que había visto, definitivamente no podía estar de acuerdo. El regidor tiene que estar enterado de todo, revisar la documentación y por sentido común ser responsable. Por qué abreviar todo, si había tiempo suficiente para poder realizar el proceso regular, por eso me opuse”, declaró.

El exregidor de la Municipalidad Distrital de Huanchaco añadió que “espero que se esclarezca, si hay responsables que asuman todo”.

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Reaccionan

El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Hernán Aquino Dionisio, aseguró que no sabía los detalles del caso y que recién se enteró ayer mientras leía la información que fue replicada por otros medios de comunicación de la ciudad.

“No podemos juzgar a priori absolutamente a nadie, a mí me ha causado sorpresa, pero ya seguramente el alcalde está tomando sus recaudos. Los jueces tienen que hacer su trabajo, lo que debe caracterizar a un juez es la imparcialidad y que sus decisiones estén sujetos al ordenamiento legal, al ordenamiento jurídico y a los medios probatorios”, indicó.

Antes de la audiencia del juicio programado para el último jueves, quien también se pronunció fue la primera regidora Sandra Trujillo Marreros, quien lideró todas las actividades oficiales ante la ausencia de la máxima autoridad, José Ruiz Vega.

“Somos muy respetuosos de la justicia, sabemos que (el alcalde José Ruiz) está acudiendo, creemos en la justicia y sabemos que nuestro alcalde va a salir bien limpio de la situación”, declaró.

Lo cierto es que la máxima autoridad de Trujillo se está jugando su libertad en un escenario complicado por el que ya pasaron los apepistas Daniel Marcelo Jacinto, Carlos Vásquez Llamo y Roger Quispe Rosales. Precisamente, ante cualquier fallo en contra de Ruiz Vega, la regidora Sandra Trujillo será la encargada de asumir el despacho de la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Reprogramación

El juez Julio Neyra Barrantes aceptó la petición delos abogados que recién asumieron la defensa de otros dos exregidores involucrados en el caso; sin embargo, aseveró que no habrá otra postergación.

“Esta es la última oportunidad que tendrá los acusados para poder señalar a un abogado de su libre elección. Debo señalar que no solo se trata de derechos, también se trata de deberes, y a quien le imputa un delito tiene deberes”, aseguró.

La audiencia se postergó luego de los alegatos presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Anticorrupción de La Libertad.