Arturo Fernández Bazán, suspendido alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, recusó a la jueza que resolverá el 15 de mayo la denuncia por difamación agravada que le planteó el exdirector del proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra. Con esta acción se buscaría dilatar este proceso, que no puede resolverse desde julio del año pasado por constantes reprogramaciones.
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No lo quieren
Jean Silva León, abogado del acusado, recusó a la jueza del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, Ingrid Pajares Acosta, y solicitó que se aparte del proceso “por tener fundadas razones para dudar de su imparcialidad”.
El defensor asegura que la magistrada le guardaría rencor porque la denunció penalmente y la recusó en junio de 2021, durante un proceso seguido a una inmobiliaria. Esto, según dice el abogado en su escrito, habría originado “sentimientos negativos como el odio, rencor y resentimiento no sanados a la fecha, por cuanto en el actual proceso usted no ha podido disimular su animadversión”.
Silva hace estas aseveraciones porque la jueza, en abril último, emitió un documento en donde lo exhortaba a mantener “una conducta proba en el desarrollo del proceso (...), bajo percibimiento en caso de incumplimiento de ser excluido de manera definitiva y multado sin perjuicio de remitirse copias al Colegio de Abogados”. Esto fue en respuesta a un pedido del abogado para que el juicio por difamación no se desarrolle el 15 de mayo, sino el 7 de junio.
Retrasos
Este proceso ha sufrido hasta siete reprogramaciones. El 26 de julio y el 17 de octubre de 2023 no se pudo iniciar el juicio porque Fernández se presentó sin su abogado, mientras que el 28 de noviembre de ese mismo año el acusado se declaró enfermo. A eso se suman otras dos audiencias suspendidas el 13 y 27 de diciembre último. Además, en la citación del 7 de marzo de 2024 el juez Juan Luján Castro solicitó inhibirse del proceso porque conocía a la familia del querellado. Por último, el 9 de abril se reprogramó la audiencia para el 15 de mayo.
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