Han transcurrido casi tres meses desde que Arturo Fernández Bazán fue declarado reo contumaz en el proceso de difamación que enfrenta contra el arqueólogo y exdirector del proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales.
La ubicación de Fernández se ha convertido en un “desafío”, un asunto que ahora recae en la responsabilidad de la Policía. Mientras tanto, el abogado Fernando Calderón Burgos ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le permita sustentar la vacancia del suspendido alcalde de Trujillo, argumento que cobra relevancia ante la situación legal del burgomaestre.
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Allana el camino
En un documento ingresado al JNE el pasado 28 de octubre, Calderón precisó “que se tenga en cuenta los escritos presentados por el suscrito en el presente expediente en donde he solicitado el uso de la palabra.” Este pedido pone en evidencia la urgencia del abogado por abordar la vacancia en medio de un entorno político tenso, considerando que la situación legal de Fernández ha dejado en suspenso la continuidad de su gestión.
Larga espera
El letrado también apeló a la decisión del Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que en agosto rechazó la sanción solicitada contra Fernández, argumentando que para entonces la Corte Suprema aún no había resuelto una queja presentada por el alcalde. Este contexto judicial ha complicado la situación del burgomaestre, quien se encuentra enfrentando múltiples frentes legales, precisamente por el mismo delito de difamación.
Además del pedido de Calderón, hay otras dos solicitudes de vacancia en curso relacionadas con la misma condena. Una de ellas, presentada por la ciudadana Editha Sernaque Chiroque, fue aprobada el 2 de octubre por los regidores trujillanos y también ha sido elevada al Jurado Nacional de Elecciones para su pronunciamiento final.
