Un informe de la Contraloría General de la República reveló que el Gobierno Regional (GORE) de La Libertad otorgó presuntamente de manera irregular la bueno pro para la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación del corredor vial que une a Trujillo con el balneario de Huanchaco.
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El proyecto tiene un costo que supera los S/ 121 millones y es ejecutado por el Consorcio Vías Huanchaco, conformado por LC & EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C., y Marquisa S.A.C. Contratistas Generales. La primera de ellas está vinculada a Lucero Coca Condori, una joven empresaria de solo 23 años de edad [ver columna de la parte superior].
En estas supuestas irregularidades, además, estarían involucrados funcionarios y servidores del GORE La Libertad, por lo que el órgano de control recomienda iniciar acciones penales contra ellos.
EXPEDIENTE
De acuerdo con el documento, al que este Diario tuvo acceso, se trata del Informe de Auditoría N° 102-2025-2-5342-AC, correspondiente al periodo 1 de octubre de 2024 - 28 de mayo de 2025 y emitido el 12 de diciembre de este año.
Entre las conclusiones, se indica que se modificó sin la debida aprobación el requerimiento respecto al plantel profesional clave y se consideró únicamente a cinco de los quince inicialmente establecidos. Los otros diez diez fueron clasificados “como personal técnico profesional”.
Además, el Comité de Selección de la licitación pública “no cumplió” con adecuar las bases administrativas conforme a “las bases estándar para los procedimientos de selección”.
También se indica que el contratista inició la ejecución de la obra sin haber cumplido “con la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases integradas definitivas, respecto del plantel técnico de la misma”. [...] Esto afectó “el correcto funcionamiento de la administración pública, la legalidad y el principio de integridad que debe regir en toda contratación pública”, añade.
Estas y otras presuntas irregularidades, de acuerdo con el mismo informe, transgredieron o vulneraron aspectos importantes en la licitación de una obra pública.
Ante esta situación, la Contraloría recomendó a la gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, ejecute una serie de acciones a fin de que el órgano competente realice “el deslinde de las responsabilidades que correspondan”.
También solicita a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República “iniciar las acciones penales” contra quienes resulten responsables de estas presuntas irregularidades.
La obra se inició durante la gestión de César Acuña Peralta en la Región. Luego, en octubre, el líder de APP renunció al cargo para presentar su candidatura a la presidencia de la Republica. La adjudicación de la obra al referido consorcio le sigue costando duras críticas.
Este Diario intentó conocer la versión del GORE, pero no hubo respuesta.
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Obra, que comenzó a ejecutarse durante la gestión de César Acuña, fue adjudicada a consorcio vinculado a empresaria Lucero Coca por un monto superior a los S/ 120 millones. Órgano de control recomienda iniciar acciones penales contra quienes resulten responsables. Funcionarios y servidores del GORE están involucrados