La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) saludó el fallo del Juzgado Civil Permanente de Ascope que declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por la empresa Agrícola Chicama en contra del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Proyecto Especial Chavimochic (PECh) y el Gobierno Regional de La Libertad, con el propósito de inscribir como suyas 72 mil hectáreas de terrenos del proyecto de irrigación, cuya tercera etapa se encuentra paralizada desde diciembre de 2016. voz.
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“Como gremio empresarial, aplaudimos el esfuerzo y la dedicación del equipo legal del Midagri, el PECh y el Gore La Libertad en este proceso judicial. Su determinación y compromiso han conducido a obtener un resultado que no solo beneficiará al sector agrícola y económico, sino que también impacta positivamente en la población en su conjunto”, se indica en el pronunciamiento que fue emitido ayer.
La CCLL asevera que este “fallo representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la seguridad jurídica en nuestra región”. Además, resalta que permitirá ejecutar el Canal Madre que regará las tierras que forman parte de la segunda fase de la tercera etapa de la obra.
No obstante, la Cámara de Comercio hace hincapié en que esta es solo una de las cinco demandas de amparo que ha presentado la empresa Agrícola Chicama para pretender inscribir como suyas un total de 107 mil hectáreas de tierras de propiedad de Chavimochic.
En ese sentido, la CCLL exhorta “a las instancias judiciales [a que] continúen emitiendo deliberaciones responsables [y] que favorezcan la seguridad jurídica y predictibilidad para los agentes económicos”. “La labor de los tribunales y los jueces juega un rol fundamental en el mantenimiento del orden social y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
De esta manera, se generará un precedente [importante]”, añade en el documento, firmado por el presidente de la CCLL, Alfonso Medrano Samame. Finalmente, el gremio empresarial se compromete a “seguir colaborando estrechamente con el Gobierno Nacional, el gobierno regional, el PECh, entre otras autoridades locales, para “articular acciones concretas que redunden en el bienestar de la población”.
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