El Congresista de la República Diego Bazán Calderón, presentó una propuesta legislativa que permitirá la reestructuración de los altos órganos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) otorgando mayor proactividad y participación de los entes del sistema de administración de justicia, a fin de darle mayor eficiencia en la gestión del Sistema Penitenciario Nacional.
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Según cifras del INPE, hasta marzo de 2023, la población penitenciaria intramuros total es de 90,516 internos, a nivel nacional, en sus diversos establecimientos penitenciarios ubicados en las ocho (08) zonas y Sedes regionales: Norte, Lima, Sur, Centro, Oriente, Sur Oriente, Nor Oriente y Altiplano. “A esta problemática histórica del hacinamiento de dicha población penitenciaria, se suma algo, aún más grave, que dichos establecimientos se han convertido en “centros de monitoreo y operaciones criminales, desde donde se realizan llamadas extorsivas, se dirige la materialización de asesinatos, asaltos, robos, secuestros, entre otros, precisó Bazán Calderón.
El parlamentario liberteño indicó que, según las diversas denuncias periodísticas, serían presuntamente los propios miembros de seguridad de INPE quienes, mediante actos de corrupción flagrante, facilitarían la logística y las condiciones necesarias para que estas bandas y organizaciones criminales, practiquen y ejecuten una nueva forma de terrorismo ciudadano.
Al respecto, se ha detectado una grave falencia estructural en el Decreto Legislativo N° 1328, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, desde el nivel de alta dirección, en tanto este pierde eficiencia pues su conformación al ser integrado por entidades que no están involucrados en el Sistema de Seguridad, carece de idoneidad para las funciones propias que la desempeña.
Bazán manifestó que su propuesta apunta a la participación directa y coherente de representantes del Sistema de Administración de Justicia, en el Consejo Directivo del INPE, como son el Poder Judicial, el Ministerio Publico, la Policía Nacional del Perú, Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya que son estas instituciones, las que al final de cuentas, sabrán que sus medidas adoptabas en el desarrollo del proceso judicial y su posterior sanción, ha tenido un impacto resocializador o no, en el ciudadano que es objeto de la imposición de alguna medida jurisdiccional.
De igual modo, esta iniciativa propone que algunos malos usos y costumbres, que se dan durante las requisas en los penales, donde se incauta insumos, bienes y objetos de delito, como celulares que se quedaban en manos de agentes del INPE, vuelven a manos de estos delincuentes, por eso proponemos que esto pase a manos del Ministerio Púbico o en su caso se incineren para que acabe este carrusel argumentó Bazán Calderón.
Finalmente, la iniciativa propone que exista una Comisión que, ante hechos graves, pueda proponer el traslado a Challapalca Puno, de estos malos internos que siguen en su actividad criminal, y así se les pueda neutralizar. “Sabemos que son cambios radicales pero necesarios y confiamos que esta nueva estructura y funcionalidad serán efectivos en la lucha contra la criminalidad organizada, que viene ganando espacios donde reina la falta delprincipio de autoridad y manos dura”, finalizó el parlamentario.
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