La Libertad: Contraloría detectó firmas y documentos falsos en expedientes técnicos para rehabilitación de vías en Pataz

La Contraloría General detectó irregularidades en la elaboración de dos expedientes técnicos para la rehabilitación de dos caminos departamentales en Pataz, lo que generó al Gobierno Regional de La Libertad un perjuicio económico superior a los S/ 600 mil. Las firmas de los profesionales que avalaron el contenido de estos documentos guía para la ejecución las obras viales, así como otros documentos, son falsos y podrían comprometer la calidad de la ejecución de las obras.

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La rehabilitación de los caminos departamentales en los tramos “desvío El Huayo-Buenos Aires-Chillia-Bellavista-Llampao-Arcaypata” y “Pataz-Zarumilla-Paraíso-Punta Carretera” se ejecutarán con un presupuesto de S/ 37 737 094 y S/ 18 640 944, respectivamente.

Según el informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 004-2022-2-5342, que evalúa el periodo 15 de octubre de 2019 al 13 de enero de 2021, son 12 los profesionales que aseguran no haber participado en la elaboración de los expedientes técnicos. Sus firmas fueron sometidas a pericias grafotécnicas que confirman la falsedad de diez de ellas; para las otras dos no se contó con muestras de comparación originales que determinen su originalidad o falsedad.

Es de precisar, que las constancias de trabajo que sustentan el perfil y la experiencia de los 12 profesionales en mención, quienes forman parte del plantel técnico acreditado por la empresa consultora, fueron presentadas sin su conocimiento y consentimiento. Incluso, algunos de ellos aseguran que las constancias de trabajo son falsas puesto que nunca tuvieron vínculo laboral con las empresas que figuran en dichos documentos.

En tanto, la carta de línea de crédito, que constituye uno de los requisitos de admisibilidad en todo procedimiento de contratación, también es falsa. El gerente general de la empresa financiera aludida en este documento aseguró ante el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de La Libertad que no fue emitida por su representada.

De igual forma, los contratos de alquiler de equipos de ingeniería y cómputo, camionetas 4X4 y equipamiento de laboratorio de suelos y pavimentos, que la empresa consultora presentó para sustentar la acreditación de equipos exigidos en las bases integradas del procedimiento especial de contratación para la elaboración de los expedientes técnicos, son falsos. Los servicios no fueron prestados y en dos de ellos las empresas nombradas no reconocen la suscripción de los contratos.

Igualmente, se verificó que la topografía y diseño geométrico en las zonas de estudio muestran incompatibilidades y deficiencias técnicas en su contenido. De acuerdo al informe de control, el estudio de suelos sería inconsistente porque el resultado del muestreo arrojó variación en la clasificación del suelo por tramos, según el análisis realizado por la Universidad Nacional de Trujillo.

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Los expedientes técnicos fueron elaborados por una consultora que se adjudicó el servicio el 2 de diciembre de 2019; el contrato fue firmado 14 días después con el Gobierno Regional de La Libertad por el monto de S/ 621 901, que representa el perjuicio económico para dicha entidad que además no cobró al consultor las penalidades por mora y otros conceptos ascendentes a S/ 124 380. La cifra podría no ser cobrada en la etapa de liquidación de la consultoría.

La comisión auditora evidenció que el Gobierno Regional de La Libertad aprobó y dio conformidad tanto a los informes presentados por la empresa consultora para la efectividad del pago de sus servicios, como al plan de trabajo e informe de reconocimiento y compatibilización del evaluador de Estudios y del sugerente de Estudios Definitivos del referido GORE, pese a que la empresa consultora no cumplió con lo estipulado en los términos de referencia de las bases integradas.

El informe, que encuentra presuntas responsabilidades penales y/o administrativas en seis funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de La Libertad, fue comunicado tanto a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General como al gobernador regional para el inicio de las acciones judiciales y administrativas que correspondan.