Durante una supervisión realizada a la División Médico Legal La Libertad, la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región pudo constatar la falta de personal médico legista y administrativo para cubrir los servicios forenses, escasez de reactivos para la realización de exámenes de laboratorio, mesas de necropsia sin las características adecuadas.
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Ante ello, se señaló la urgencia de revertir esta situación, a fin de garantizar la atención requerida por los órganos de justicia. En el recorrido, el personal defensorial también evidenció la falta de equipos de cómputo para la realización de informes médicos y acciones propias de las unidades de servicio; además, que el ambiente es inadecuado para la preservación de evidencias; los extintores vencidos; e inadecuado ambiente para los archivos y expedientes médicos.
“También hemos constatado la existencia de infraestructura deteriorada como puertas rotas, inoperatividad de rayos X por la ausencia de radiólogas/os, silla odontológica inoperativa y uso de linternas como material de apoyo”, sostuvo José Luis Agüero, jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad.
Al respecto, el funcionario indicó que el director de la División Médico Legal La Libertad le informó que actualmente en esa entidad existe una crisis en materia de recursos humanos, ya que las/los trabajadoras/es son contratadas/os mes por mes, lo que hace imposible cubrir la demanda de atenciones. De la misma manera, la falta de presupuesto genera inconvenientes para cumplir debidamente con sus funciones.
Asimismo, se constató que cuentan con un vehículo asignado, pero se encuentra en malas condiciones y requiere mantenimiento para su buen funcionamiento. Ante esta situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad recomendó a la División Médico Legal realizar las gestiones necesarias para lograr la contratación de médicas/os legistas, radiólogas/os, personal administrativo, así como para la compra de materiales e insumos. Finalmente, se comprometió a hacer seguimiento a este caso, para que los derechos de las personas que requieren de estos servicios no sigan siendo afectados.