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Ante el comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) que pronostica la próxima llegada de este fenómeno, la Defensoría del Pueblo recomendó al Gobierno Regional de La Libertad, en su calidad de presidente de la Plataforma Regional de Defensa Civil, convocar de manera urgente a una sesión extraordinaria para que las instituciones integrantes tomen medidas oportunas que permitan reducir los riesgos existentes, considerando que son muy pocos los meses que quedan para realizar obras y tareas de mitigación.
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Este requerimiento tiene como objetivo prevenir los problemas que La Libertad sufrió en marzo del presente año, cuando se registraron más de 12 000 personas damnificadas y 47 981 afectadas, según el Sinpad. Asimismo, lograr que las instituciones, sobre todo, las municipales, elaboren sus planes de preparación, de operaciones de emergencia y de contingencia ante las lluvias intensas, así como, realizar las modificaciones presupuestales que sean necesarias para afrontar la emergencia dentro de su presupuesto 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
Asimismo, se espera que en la sesión los alcaldes se comprometan, entre otras acciones, a ejecutar acciones de limpieza y mantenimiento de drenes y canales, establecer mecanismos para la evacuación de aguas pluviales, identifiquen cuencas ciegas en sus jurisdicciones, gestionen la compra de motobombas y garanticen el stock de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la población que pueda resultar damnificada y afectada en sus jurisdicciones.
“No menos importante resulta que se prevean acciones contra el dengue, teniendo en cuenta que este fenómeno suele propiciar el incremento del zancudo transmisor de esta enfermedad. En lo que va del año se registran 4333 casos de personas con esta enfermedad y 5 fallecidos”, precisó el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Luis Agüero.
El representante de la institución indicó que también es importante que en la sesión de plataforma se generen programas de capacitación a la comunidad, por cuanto es necesario que los vecinos evalúen medidas de protección a sus viviendas, resanen, limpien y adecuen en la medida de lo posible sus techos.
Finalmente, Agüero, recordó que las entidades están obligadas por el enfoque de derechos regulado en la Ley 30787, a incorporar en sus procesos de gestión del riesgo de desastres, medidas para proteger a las personas afectadas o damnificadas, y promover cambios en las condiciones de vida de la población, atendiendo preferentemente a las poblaciones más vulnerables como son niñas, niños y adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con afectación severa de su salud física y emocional.
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