La gestión de Arturo Fernández Bazán en la Municipalidad Provincial de Trujillo está tocando fondo, lo que origina retraso en la ciudad. A 40 días para terminar su primer año de gobierno, el alcalde solo ha ‘resaltado’ por escándalos y agresiones verbales a todo aquel que intenta fiscalizarlo o le pide que inicie la transformación de la ciudad que él ofreció durante su campaña electoral.
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La crisis por la ingobernabilidad que vive la ciudad se agudiza día a día, pues las calles continúan llenas de basura, incrementan los huecos en las pistas y es última en ejecución presupuestal, lo que a decir del analista político Miguel Rodríguez Albán, convierte a la actual administración municipal en “la peor de los últimos tiempos”.
“Nunca ha pasado eso, ni en el peor momento del Apra o APP (Alianza para el Progreso). Hay formas, hay reglas mínimas de tolerancia y respeto a las personas, y el actual alcalde ha hecho de la violencia una forma de dirigir y gobernar, lo que ha llevado a la ciudad al atraso, ha llevado a la municipalidad a la inestabilidad, generando una retracción al crecimiento de Trujillo y a las inversiones, y lo que es más grave: incrementó la inseguridad”, indicó.
Para el también director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Fernández estaría buscando generar “espectáculo” para “llamar la atención”. Por eso, dijo que buscaría “convertir a la plaza de armas en un circo”.
“Ya son 11 meses de gobierno y no puede estar echándole la culpa a otros de lo mal que está la ciudad y sus servicios municipales, ni culpar a la prensa ni decir que todos complotan contra él y es una víctima. Busca justificar su propio fracaso y su propia incapacidad para gobernar”, aclaró.
Para Richard Tapia Maldonado, abogado y especialista en comunicación política, el alcalde busca generar “show” y “victimización” con la intención de quedarse en la Alcaldía de Trujillo, pese a que ya tiene una sentencia confirmada y se le ratificó su suspensión. Agregó que una de sus estrategias para llamar la atención sería “atentar contra las tradiciones trujillanas (al convertir en una feria la plaza de armas y hacer que lleven a Lima el tradicional concurso de la marinera)”.
Protestas
Como si las cosas ya no fueran mal en esta gestión, ayer la situación empeoró debido a que trabajadores afiliados al Sindicato de Conductores y Auxiliares del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo paralizaron sus labores y dejaron de recoger unas 450 toneladas de desperdicios que se generan al día en los 59 territorios vecinales de la ciudad.
El secretario de ese gremio, Charles Paredes, responsabilizó de este escenario al alcalde Fernández. Además, pidió la intervención de inspectores de la Sunafil porque se les debería desde vacaciones hasta el pago de sus aportes por pensiones.
“Es una suspensión de labores por incumplimiento de los beneficios sociales, aparte de la indumentaria. Tampoco se nos está pagando la AFP y ONP y, además, nuestra empleadora (el Segat) está aceptando que una persona desconocida maltrate psicológicamente a sus trabajadores, hablamos del señor (Ricardo Apolaya) Tafur. Ese señor habla que todos somos ladrones y nuestra gerenta del Segat (Gisella León) está aceptando lo que el señor Tafur está diciendo y con ello se está convirtiendo en cómplice”, indicó.
Paredes agregó que los trabajadores acordaron acatar una huelga a fin de mes, por lo que la crisis en la ciudad podría agravarse.
Pero estas no son las únicas protestas en contra del alcalde. Los taxistas también han emprendido una serie de manifestaciones exigiendo que se cumpla con parchar los huecos en las pistas. Además, la actual administración dispuso que en varias avenidas se mejorará el asfalto, pero luego abandonó los trabajos por falta de materiales.
Descontrol
Los problemas no terminan ahí para Arturo Fernández, pues ayer sumó una nueva acusación en el Ministerio Público. Ahora, 12 regidores lo denunciaron por las agresiones que sufrieron durante la sesión en donde se le ratificó su suspensión.
Ellos responsabilizaron al alcalde, así como al gerente de seguridad ciudadana, Eduardo Liu, y al gerente general, Jesús Vásquez, del ingreso de la turba que intentó frustrar la convocatoria y, además, les arrojaron huevos.
“Las responsabilidades ya recaerán no solo sobre los ciudadanos que ingresaron violentamente, sino también contra los que instigaron para que sucedan estos hechos bochornosos”, dijo el concejal Mario Reyna.
El jefe de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Agüero, calificó como “vergonzoso” este tipo de actos. “Preocupados por lo que ha sucedido, es una situación delicada, incluso hasta vergonzosa para la ciudad, no puede ser que una ciudad que ha dado siempre muestras de tolerancia y democracia este involucrada en estas situaciones en donde se han registrado daños a la propiedad pública y también a regidores y a personal de la prensa”, afirmó.
No invierte
En una gestión en donde se han cambiado a unos 100 funcionarios de confianza no se pueden realizar proyectos que permitan invertir el presupuesto. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta ayer la administración de Fernández solo había invertido el 21% del dinero que se le destinó para obras. Además, no gastaba ni un sol del presupuesto que se le entregó para prevención por el fenómeno El Niño.
En ese sentido, José Agüero dijo que ya es momento que se dejen de lado los enfrentamientos y se use el dinero para proteger a los más vulnerables.
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