La Libertad: No reparan cámaras ni almacenan imágenes

Con el propósito de reforzar la vigilancia y mantener observadas las calles de las ciudades donde la delincuencia avanza a pasos agigantados, las municipalidades invirtieron dinero e instalaron las cámaras de videovigilancia y una central de monitoreo.

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La idea era prevenir y actuar antes de que se cometa un delito o cuando este ya se perpetró usar las imágenes para identificar a los autores del mismo.

Sin embargo, en la práctica se ha evidenciado que de nada sirven estos dispositivos tecnológicos si no se usan adecuadamente o no se les da el mantenimiento permanente que necesitan

Prueba de ello es el hallazgo que ha hecho la Contraloría General de la República mediante los actos de control que ha realizado en tres municipalidades de la región La Libertad, donde se han detectado graves situaciones adversas que afectan el monitoreo permanente y va en contra de la seguridad de la población.

Huanchaco ciego

De acuerdo a lo precisado por el órgano de control en el informe N.º 20155, en la Municipalidad Distrital de Huanchaco se detectó de las 63 cámaras de videovigilancia con las que cuenta distribuidas en varios punto de la ciudad, 49 no se encuentran en funcionamiento.

Además de ello se verificó que en la central de monitoreo no se almacenan las grabaciones por el plazo mínimo de 45 días, como lo ha establecido la ley.

Todo esto, indica la Contraloría, afecta directamente a la población, pues va en contra de reforzar la seguridad ciudadana.

No almacenan

El mismo trabajo de control se realizó en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. En esta comuna el jefe de Seguridad Ciudadana informó que se cuenta con siete cámaras de vigilancia distribuidos en puntos estratégicos.

Según el informe de control N° 20265, cuando los inspectores revisaron cada uno de los monitores, se percataron que una de las cámaras no estaba programada para almacenar las grabaciones por el tiempo que disponer la norma (45 días)

Esto trae como consecuencia que cuando entidades competentes como la Policía Nacional u otra institución necesite de estas imágenes no las tenga, pues no quedaron archivadas.

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Con fallas

Inspectores de la Contraloría también se desplazaron hasta la Municipalidad Distrital de Casa Grande, provincia de Ascope, donde la subgerente de Participación y Seguridad Ciudadana, Bethi Villarreal Alvitres, y el operador de las cámaras de videovigilancia de la Central de Monitoreo, Carlos Rodríguez Sagardía, precisaron que se cuenta con 10 cámaras de vigilancia ubicadas en lugares estratégicos.

Cuando los peritos de contraloría empezaron a revisar los dispositivos, se percataron que dos de las 10 cámaras de vigilancia no estaban funcionando.

Pero no solo eso, pues en el informe N° 20291 los inspectores también se percataron que de las 10 cámaras de vigilancia solo dos estaban programadas para almacenar las imágenes por los 45 días normados.

Tienen que corregir

Como ya se ha indicado, esto último es bastante perjudicial en la lucha contra la delincuencia común y organizada, pues muchos de los actos delictivos que puedan grabarse por las cámaras no permanecen almacenadas.

Contraloría General de la República ha cursado oficios a los alcaldes de estas municipalidades para que de manera inmediata subsanen estas observaciones y situaciones adversas detectadas en las centrales de monitoreo de las cámaras de videovigilancia.