La Libertad: Nueve gerentes de César Acuña en informes de control

Nueve funcionarios de confianza de la gestión que inició César Acuña Peralta en el Gobierno Regional de La Libertad estuvieron comprometidos en investigaciones durante el paso que tuvieron en instituciones públicas, por lo que la Contraloría General, en su momento, solicitó que se les inicien procesos administrativos sancionadores. Incluso, en algunos casos, se pidió que sean denunciados ante el Ministerio Público, al encontrárseles responsabilidades penales o civiles.

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Ranking de funcionarios

Correo revisó la información de 31 servidores elegidos por el líder de Alianza para el Progreso (APP) para que lo acompañen a dirigir los hilos de la Región. De ellos, nueve fueron comprendidos en informes de control posterior o auditorías entre los años 2017 y 2022, por lo que se recomendó que se les inicien, en algunos casos, acciones civiles, penales o administrativas.

Quien fue incluido en más informes de la Contraloría es el actual gerente de Infraestructura, Jorge Bringas Maldonado. Él suma ocho pedidos para que se le sancione.

El funcionario aparece en cinco auditorías hechas durante su paso por el Gobierno Regional entre el 2017 y el 2020. En tres de ellas, incluso, se pide que la Procuraduría le inicie acciones penales por presuntas irregularidades detectadas en la contratación directa para el mantenimiento de instituciones educativas y establecimientos de salud; por anomalías en la contratación directa del servicio de intervención de vías departamentales y vecinales afectadas por El Niño Costero; y por pagos irregulares en obras para el servicio de agua del sistema de riego en Ascope.

Bringas también aparece en tres informes cuando fue gerente de Obras del municipio de Trujillo, entre el 2021 y 2022. En ellos se pide que se le inicien acciones penales por irregularidades en la contratación para hacer un camino vecinal en Poroto; una obra en Alto Trujillo y el alquiler de maquinaria pesada para labores en la quebrada El León.

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Ellos también

Nelson Lozano Chávez, gerente de Asesoría Jurídica, es otro funcionario de Acuña que aparece en seis auditorías. Él ya ha desempeñado ese mismo cargo en el Gobierno Regional y durante su gestión, entre el 2018 y 2020, se pidió que se le inicien acciones administrativas.

Además, la Contraloría también solicitó que sea denunciado penalmente por anomalías en la adjudicación, suscripción y ejecución contractual del proyecto Virú Mar, y que se le querelle por tener presunta responsabilidad civil en desembolsos irregulares para el pago de sentencias judiciales.

El asesor Carlos Rodríguez Cervantes también aparece en seis informes de control concurrente durante el paso que tuvo como Gerente de Operaciones Especiales de la Gerencia de Operaciones de Essalud, entre el 2020 y 2022. Todos los procesos se dieron por presuntas anomalías en el otorgamiento de bonificaciones extraordinarias en áreas de atención a pacientes Covid-19 en las redes del seguro.

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Más procesos

Asimismo, la gerente de Administración, Cecilia Agreda Vereau, aparece en cinco informes. De ellos, se le pidió que se le inicien procesos civiles en dos casos: por desembolsos efectuados para el pago de sentencias judiciales de la sede central del Gobierno Regional La Libertad y por el otorgamiento de beneficios obtenidos por convenio colectivo a funcionarios de la sede central administrativa. En los otros tres casos se le pide iniciar acciones administrativas.

Con dos procesos está el gerente de Ambiente, Frank Sánchez Romero, quien fue exsubgerente de Asesoría Jurídica de Sedalib entre el 2019 y el 2021. La Contraloría pidió que se le inicien acciones por una aparente irregularidad en un proceso de licitación pública y por unas multas que le impuso Sunafil a la entidad por infracciones laborales.

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Con uno

Asimismo, hay cuatro funcionarios de César Acuña que aparecen en un informe del órgano de control.

Entre ellos está Juan José Fort Cabrera, gerente de Producción. Él aparece en un informe de control posterior de 2019, durante su jefatura en el Consejo Regional del Deporte de Lambayeque.

El documento, en el que se recomienda se le inicien acciones administrativas, buscó determinar si hubo anomalías en los procedimientos de registro y control en el arrendamiento de bienes inmuebles (infraestructura deportiva, tiendas y stands). También revisó las donaciones y el uso de los bienes y equipos asignados a la sede regional para el ejercicio de la promoción del deporte, así como el proceso de contratación del servicio de reparación del pozo tubular.

También aparece en un informe la gerente de Administración y Adjudicación de Terrenos, Maritza Hurtado Castro. Ella ya fue funcionaria del Gobierno Regional y el 2021 se recomendó que se le inicie proceso administrativo por la “adjudicación directa, suscripción y ejecución contractual del proyecto de iniciativa privada de inversión denominada Proyecto Virú Mar”.

Asimismo, la Contraloría pidió que se le inicien acciones penales y civiles al director del Centro Regional de Capacitación, Herald Velásquez Leiva, según el informe 009-2017-2-5342 de “auditoría de cumplimiento al Gobierno Regional La Libertad a adquisiciones iguales o menores a 3 UIT realizadas por la Subgerencia de Logística y Servicios Generales de la sede central, periodo 2015″.

Para la actual gerente de Desarrollo e Inclusión Social, Catherine Blas Villar, el órgano de control solicitó acciones legales civiles por el “otorgamiento de bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo de la UTES N° 06 - Trujillo Este, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19″.

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