La percepción de inseguridad ciudadana en este departamento alcanzó el 88.7% en octubre, reveló el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Eric Ángeles Puente.
La cifra está por encima del promedio nacional (85.6%) y fue revelada por el alto oficial durante su presentación ante el pleno del Consejo Regional La Libertad, el último martes.
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De acuerdo con el máximo jefe policial en la región, esta percepción de inseguridad se da pese a que, según expuso, entre enero y octubre de este año se han registrado 197 homicidios, 55 menos (-21.83%) a los reportados en el mismo periodo de 2025 (252).
Otra cifra que contrasta con la sensación de la mayoría de la población es la de casos de extorsión, que en un año pasó de 3,752 a 2,802 (-25.32%). A esta se suman las denuncias por secuestro y robo, que bajaron de 87 a 62 (-28.74%) y de 2,640 a 1,907 (-27.77%), respectivamente.
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A inicios de septiembre de este año, tras los últimos atentados que golpearon a Trujillo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) indicó que 7 de cada 10 liberteños consideraba que la delincuencia “es uno de los principales problemas del país”, según cifras reveladas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
“Entre 2020 y 2025, la tasa de denuncias totales en La Libertad aumentó de 1,805 a 2,852 por cada 100 mil habitantes, según el Ministerio Público. Entre ellas, las denuncias por extorsión fueron las que más se incrementaron, quintuplicando el nivel de 2019. Al 2026, entre enero y julio, La Libertad registró 76 denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes, la segunda tasa más alta del país, después de Tumbes (116). Más del 60% de estos casos se concentró en Trujillo, Chepén y El Porvenir”, agregó el IPE.
En la actualidad, cuatro provincias de La Libertad se encuentran en estado de emergencia por inseguridad ciudadana: Trujillo, Pataz, Virú y Chepén. “La mayor inseguridad ocurre en un contexto marcado por la expansión de la minería ilegal”, remarcó el centro de investigación privado.
“En 2025, La Libertad registró 19 denuncias por este delito por cada 100 mil habitantes, casi tres veces el nivel de 2020 y más del doble del promedio nacional (8). Asimismo, desde 2012 se han reportado más de 700 operaciones financieras sospechosas vinculadas a esta actividad —la cuarta cifra más alta del país— por un monto acumulado de S/1,313 millones, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS”, precisó.
En diálogo con este Diario, Stephani Maita Uria, economista del IPE, comentó en su momento que cuando “una localidad se siente insegura, la vida económica empieza a cambiar: las familias salen y compran menos, y los negocios destinan parte de sus recursos a vigilancia y protección”.
“Esos gastos, junto con los del Estado en seguridad y justicia, son los costos directos. Pero el efecto va más allá: si caen las ventas y aumenta la incertidumbre, abrir un negocio o invertir resulta menos atractivo. Según el BCRP (Banco Central de Reserva del Perú), los costos directos generados por la inseguridad a nivel nacional alcanzaron el 2.2% del PBI nacional en 2019”, agregó.
