La Contraloría General detectó que la Municipalidad Distrital de Calamarca otorgó la buena pro por un monto de S/ 237 920 a un consorcio que no cumplía con lo exigido en las bases integradas del procedimiento de selección para la contratación de la supervisión de una obra de mejoramiento de camino vecinal, ubicada en el centro poblado Sicchal del distrito de Calamarca, en la provincia de Julcán, región La Libetad.
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Dicha situación limitó al municipio de contratar mejores propuestas del mercado. El Informe de Control Específico N.º 29317-2021-CG/GRLIB-SCE, que evalúa el período del 06 al 19 de noviembre de 2018, señala que una de las empresas integrantes del consorcio ganador de la buena pro no cumplió con la categoría correspondiente para ser postor en un proceso de contratación de consultor de obra.
Debía ostentar la Categoría B para participar en procedimientos de selección hasta por un monto máximo de la adjudicación simplificada (S/ 400 000); sin embargo, contaba con la Categoría A que lo habilita para postular en procedimientos de selección para consultoría de obra hasta por un monto máximo de 8 UIT.
Asimismo, se presentó un contrato que no precisa las obligaciones de cada uno de los integrantes de la empresa consorciada, siendo que, para el caso de consultorías de obra, cada miembro del consorcio debe precisar las actividades a las que se comprometen en la ejecución del contrato.
Pese a las situaciones descritas, el Comité de Selección de la Municipalidad Distrital de Calamarca admitió y calificó la oferta del postor otorgándole la buena pro con un plazo de ejecución de 195 días calendario.
Los hechos expuestos fueron originados por el accionar del Comité de Selección de la entidad, el cual estuvo integrado por el entonces subgerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial (presidente), un experto independiente (primer miembro) y el exjefe de Logística y Abastecimiento (segundo miembro), quienes tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.
El informe de control específico fue comunicado al procurador especializado en delitos de corrupción para el inicio de las acciones legales contra los ex funcionarios y/o servidores públicos comprendidos en los hechos; así como al alcalde de la Municipalidad Distrital de Calamarca para el deslinde de las responsabilidades administrativas.