El 11 de julio, Carlos Salazar Gutiérrez, un chofer del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), recibió un inesperado ascenso que lo colocó en el cargo de “Técnico Administrativo III” de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la entidad. Sin embargo, este nombramiento resultó ser irregular, y tras generar un escándalo, fue corregido rápidamente por las autoridades. Apenas el gobernador regional César Acuña se enteró de la situación, ordenó su destitución el pasado lunes.
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EFECTO
El ascenso de Salazar fue verificado por la Contraloría. Así se detectó que el trabajador no cumplía con los requisitos mínimos para ocupar el puesto. Según el informe, Salazar carecía de un “título profesional técnico en administración o contabilidad y/o estudios superiores afines”, además de no tener capacitación en el manejo de sistemas esenciales para el cargo, como el SIGA y el SIAF. A pesar de estas deficiencias, Salazar había sido ascendido, una situación que fue corregida mediante el memorando N° 000159-2024.
En el documento firmado por Gary Mines Oliva, jefe del área de Personal del PECh, se notificó a Salazar que el encargo quedaba sin efecto, y que debía continuar con sus funciones de chofer.
“Se le comunica que, a partir de la fecha, queda sin efecto el documento de la referencia, por lo que deberá continuar con sus funciones de chofer”, se lee en el memorando. Además, se precisó que en sus horas libres debería apoyar en labores administrativas, bajo la dirección de su jefe inmediato.
CONSECUENCIA
El caso propició una serie de cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de los ascensos en el PECh, incluso, las críticas también fueron contra Acuña. Aunque la destitución fue inmediata, las investigaciones sobre el nombramiento irregular aún no han concluido.
El abogado penalista y exfiscal Alfredo Galindo Peralta, en diálogo con Diario Correo, señaló que lo ocurrido podría tener implicaciones legales graves. Según el especialista, tanto el nombramiento como la aceptación del cargo por parte de Salazar podrían ser tipificados como “designación ilegal y aceptación ilegal de cargo público”, un delito contemplado en el artículo 381 del Código Penal.
“El Código Penal sanciona estos casos con penas de dos a cuatro años de cárcel. La destitución o renuncia no exime de responsabilidad a quienes participaron en este proceso irregular”, advirtió el abogado.
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