La lucha contra la delincuencia tiene que ser una cruzada nacional. Así se tiene que entender, dijo Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP), en una de las actividades realizadas para abordar este problema, las que concluyeron con una movilización por la paz en Trujillo.
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“El Gobierno Nacional, la empresa privada, organizaciones políticas y la sociedad civil deben reflexionar sobre su rol y la necesidad de intervenir en la parte preventiva para combatir con eficacia el crecimiento de la delincuencia en Trujillo y en todo el país”, manifestó por su parte el alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez.
Reyna destacó el grito de reclamo que emerge desde la construcción civil, sector castigado por las extorsiones y el sicariato. “Esto debe implicar una reflexión para el Ejecutivo. Pese al régimen de emergencia por inseguridad hay aún muchas falencias. Se tiene que renovar la emergencia mientras se mejora la seguridad y se viabilizan los expedientes que están en el sistema de justicia sobre bandas criminales. El Estado tiene que aplastar a estas organizaciones criminales, no queda otra cosa”, enfatizó.
Estas actividades, concluyeron con una movilización exigiendo la atención del Ejecutivo y fueron parte de una acción descentralizado organizada por la FTCCP, Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP); con apoyo de las Naciones Unidas en Perú e Idea Internacional.
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El exministro de Vivienda, Rudecindo Vega, dijo que la violencia, el crimen, la delincuencia y la lucha contra la inseguridad necesitan una reforma en el sistema de justicia.
“Trujillo es un símbolo. No podemos dejar que la delincuencia siga avanzando. Queremos transmitirle al país que si podemos unirnos los dirigentes políticos, empresarios y trabajadores para enfrentar esta desgracia”, aseveró.
Rafael del Campo, representante de ADEX, que agrupa a 24 sectores empresariales, reconoció que todas han sido víctimas de la delincuencia, extorsiones y cobro de cupos, los que no son denunciados por temor.
“¿Qué está pasando con el sistema de justicia en La Libertad? ¿Por qué salen libres delincuentes y otros no pueden ser capturados?”, pregunto.
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