La delincuencia común y el crimen organizado en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, sigue asestando duros golpes, a tal punto que informes de la Policía han generado que el Ejecutivo decida, mediante el Decreto Supremo N°069-2024-PCM, ampliar el estado de emergencia por inseguridad por 30 días más.
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Sin embargo, a decir del alcalde de la aludida provincia, Aldo Carlos Mariños, estas medidas dictadas por el Ejecutivo son “un saludo a la bandera”, pues no fueron la solución para reducir el índice delictivo en su jurisdicción. Las estrategias no han dado los resultados esperados.
Con poca logística
Es más, iniciativas impulsadas por la propia Municipalidad Provincial de Pataz, para tratar de reforzar las medidas de seguridad en puntos claves de la ciudad, no pueden sostenerse, ya que no se cuenta con suficientes recursos.
En efecto, según la página de seguimiento de ejecución presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la comuna provincial de Pataz tiene este año como Presupuesto Institucional Modificado (PIM), para el rubro Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, un total de S/ 1,885,816. De ese monto, ya se ha invertido S/ 903,235; es decir, su nivel de ejecución llega al 49.0%.
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En qué gasta
Pero, ¿en qué se ha invertido ese dinero? Pues bien, según el propio MEF, la Municipalidad Provincial de Pataz gastó S/ 858,642 en combustible y mantenimiento de los vehículos que usa serenazgo. En tanto, otros S/ 44,592 fueron invertidos en actividades relacionadas a organización y capacitación de juntas vecinales.
Como se evidencia, estos ínfimos recursos económicos que recibe Pataz ha impedido, por ejemplo, que se cuente actualmente con cámaras de vigilancia y una central de monitoreo. Es decir, el uso de la tecnología para enfrentar el crimen es una utopía en esta zona del ande liberteño.
Sin embargo, en marzo de este año, la Contraloría General de República, mediante el informe de visita de control N°006-2024-OCI, calificó como una situación adversa que la Municipalidad Provincial de Pataz no haya implementado una central de monitoreo de cámaras de videovigilancia.
Esto causó sorpresa en el alcalde Aldo Carlos Mariño. Él dijo no entender cómo se le puede cuestionar y observar su gestión en seguridad ciudadana cuando no cuenta con los recursos económicos suficientes para realizar un mejor trabajo. “Quieren que compre cámaras y ponga una central de monitoreo, cuando el presupuesto no alcanza”, cuestionó la autoridad edil en su momento.
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Diferencias
En este punto, cabe comentar que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), que también está declarada en emergencia, tiene S/ 9,264,727 para seguridad ciudadana.
En tanto, la provincia de Virú, recientemente incluida en este régimen de excepción debido al alto índice delictivo, cuenta con S/ 6,279,047 para invertir en seguridad ciudadana.
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