El suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, cumplió con el pago de la reparación civil de 25 mil soles que le impuso la sentencia por difamación contra la oficial PNP Nataly Rojas Rojas. Sin embargo, desde el año pasado, Fernández intentó revertir el proceso seguido en su contra, llegando incluso a presentar un recurso de queja ante la Sala Suprema Penal Permanente, la cual acaba de negarle cualquier posibilidad de ser exonerado de esta condena.
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Sin salida
La resolución de la Sala Suprema detalla que se ha “declarado infundado el recurso de queja interpuesto por la defensa del querellado Arturo Fernández Bazán contra el auto superior de fojas sesenta y siete, de 10 de agosto de 2023, que declaró inadmisible el recurso de casación que promovió contra la sentencia del 25 de junio de 2023″. En otras palabras, se confirma que la sentencia original permanecerá.
Lo que sigue
De este modo, la condena de un año de prisión suspendida y el pago de la reparación civil han sido ratificados. No obstante, el especialista en temas electorales, Tomás Alva Villa, señaló que este proceso judicial fue excesivamente lento.
Según el abogado, la demora de la Sala Suprema ha sido un obstáculo sobre el pedido de vacancia contra el electo alcalde Fernández.
“La lentitud de la Suprema ha sido la causa por la cual no se ha podido vacar de manera rápida y legal al señor Arturo Fernández Bazán. La sentencia de segunda instancia fue ratificada sin necesidad de mayores trámites, pero el señor Fernández apeló sin fundamento a casación”, explicó Alva Villa.
Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá decidir sobre la vacancia del exalcalde.
Según el abogado, existe la posibilidad de que no aplique la vacancia, ya que Fernández ha cumplido con la sentencia, lo que podría influir la decisión del JNE.
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