El suspendido gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, reapareció ayer en una audiencia virtual transmitida por Justicia TV, donde solicitó la variación de la medida coercitiva de arresto domiciliario por comparecencia con restricciones.
Ante los jueces superiores de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo, Lozano pidió que se le otorgue libertad para poder trabajar, pues – según dijo - desde que se encuentra detenido (en su domicilio) ha empezado a sufrir diversas patologías.
“Necesito colesterobina, que no hay en el Perú y solo me alarga la vida, pero no me cura y para tenerlo necesito trabajar. Esta semana he sido llevado de emergencia al hospital y valgan verdades le puedo mostrar la resonancia magnética…”, dijo, pero la juez María Rodríguez Llontop le respondió que no son médicos para analizar dicho documento.
Entonces, Lozano continuó argumentando que si su destino es morir en su vivienda o en una cárcel solamente por haber “dejado saneado el municipio de La Victoria” estará dispuesto a hacerlo; aunque - aseguró - no haya cometido los delitos de corrupción que se le imputan.
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“Por favor resuelvan con justicia, porque si mañana o pasado me pasa algo será responsable la fiscal y el juez de investigación preparatoria”, aseveró, pero la juez le increpó que por cuestiones de salud nadie es responsable y dio por concluida la audiencia, pues ya se le dio la oportunidad de expresarse, al igual que su abogado.
Presenta testimonios de funcionarios municipales
Precisamente minutos antes, el abogado Luis Cayotopa Vásquez pidió que se revoque la resolución de primera instancia que declaró infundado el pedido de cese de detención domiciliaria para su patrocinado.
Sostuvo que el juez Reynaldo Leonardo Carrillo resolvió sin tomar en consideración ocho nuevos elementos de convicción que presentó, los cuales desvirtúan la tesis fiscal respecto a que Lozano Centurión acudía a las obras (cuando era alcalde de La Victoria) para pedir coimas a los contratistas.
Precisó que ofreció la declaración de los testigos José Loconi López, chofer del entonces alcalde; Willian Santa Cruz Ortiz, jefe de Imagen Institucional de la comuna victoriana; y Luis Dávila Requejo, asistente del despacho de alcaldía, quienes coinciden al declarar que acompañaban a Lozano en sus actividades, pero nunca lo vieron solicitar dádivas.
La fiscal Giovanna Del Río refutó dicho argumento alegando que los delitos de cohecho no se cometen delante de otras personas.