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Los grandes cúmulos de basura que cada fin de año se forman en Chiclayo y José Leonardo Ortiz (JLO), son buena excusa para preguntarnos dónde está la solución definitiva para este problema que perjudica la salud pública.
Pese a que en los últimos días el Gobierno Regional de Lambayeque apoyó con maquinaria para liberar las calles de residuos, esto es solo un paliativo.
FACTOR OEFA
Correo consultó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque sobre las fallas del sistema de limpieza pública de las dos ciudades que más desechos generan.
El fiscal, José Félix Tejada Ramos, sostuvo que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) debe ejercer más presión sobre los municipios.
“Mediante oficio se ha exhortado a la OEFA para que cumpla con su función y supervise a las municipalidades”, aseguró.
Es conocida la falta de recursos en las oficinas de Gestión de Residuos Sólidos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz.
Una situación que se hizo más palpable con la pandemia por la COVID-19, ya que parte de los obreros fueron enviados a sus casas, por su condición vulnerable (edad y enfermedades preexistentes). A ello se sumó, los continuos episodios de contagios entre los trabajadores, por lo cual tuvieron que guardar cuarentena.
Sin embargo, Tejada anotó que a pesar de las carencias, las autoridades no se han preocupado por adquirir nuevas compactadoras, a fin de estar acorde a las necesidades de la población.
A la fecha, la Fiscalía Ambiental investiga a los municipios de JLO y Chiclayo por contaminación.
“La OEFA puede multar y sancionar. Nosotros tenemos un problema porque la ley indica que la Fiscalía Ambiental debe intervenir contra el que vierte la basura en lugares prohibidos o en la zona pública. Los alcaldes y funcionarios no hacen botaderos, ellos demoran en actuar”, explicó el fiscal.
Asimismo, enfatizó su sorpresa porque hasta el momento las fiscalías penales no hayan abierto procesos contra las autoridades por los presuntos delitos de omisión y contra la salud pública, habiendo tantos elementos para ello.
La Fiscalía Ambiental también está atada de brazos, porque no cuenta con movilidad para desplazarse con facilidad cuando hay denuncias.
Aunque suene inverosímil, la Policía Nacional tampoco es de mucha ayuda, pues los agentes han señalado que no es su función salir a verificar la formación de los basurales.
El alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, declaró antes de culminar el 2020, su interés de tercerizar el servicio de limpieza pública, por la falta de disponibilidad de personal obrero.
Una medida que ya ha sido cuestionada, porque se desconoce el plan operativo y no está claro, si la comuna optará por comprar o alquilar maquinaria.
El municipio tuvo un presupuesto de S/ 19 millones para la gestión de residuos sólidos, del cual ejecutó el 72.4 %.
