La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) deberá dejar sin efecto el incremento de dietas aprobado para sus regidores y exigir la devolución de los montos cobrados en exceso, luego de que una opinión legal interna advirtiera irregularidades en el acuerdo que elevó sus remuneraciones a casi 4.000 soles mensuales.
Informe que da un giro
El Informe Legal N.º 001216-2025 al que accedió Correo, emitido el 19 de noviembre por la Gerencia de Asesoría Jurídica, concluye que el incremento aprobado mediante el Acuerdo Municipal N.º 000030-2025 —vigente desde abril— vulneró la Ley de Presupuesto y las precisiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la escala que deben percibir los regidores.
El documento al que accedió Correo señala que el acuerdo fue adoptado “fuera de los límites legales”, por lo que corresponde restituir la dieta previa: 675 soles por sesión hasta un máximo de cuatro al mes, según el Acuerdo Municipal de enero de 2023.
La opinión también recoge lo expuesto en el Informe N.º 004545-2025, de la Subgerencia de Presupuesto, que analiza los alcances de la modificación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Allí se recuerda que, aunque la Ley 32269 fija las dietas en el 30% de la remuneración del alcalde, la Ley de Presupuesto del Sector Público (Ley 32185) prohíbe incrementos de ingresos —incluidas dietas— durante el ejercicio fiscal 2025.
El pronunciamiento fue formalizado mediante el Oficio Múltiple N.º 000262-2025-MPCh/GSG, remitido el 20 de noviembre a los 16 regidores, para que adopten “las acciones que correspondan”.
Asimismo, se ordenó a las gerencias de Administración y Finanzas, Planeamiento y Recursos Humanos implementar el mecanismo de devolución obligatoria. Aún no se precisa la cifra total, aunque fuentes municipales estiman que sería significativa debido a los siete meses de aplicación del acuerdo anulado.
Regidoras se pronuncian
La regidora Giovana Sabarburu Torres rechazó que el Concejo haya actuado fuera de la ley y responsabilizó a la administración municipal por el viraje jurídico.
“El acuerdo se aprobó con respaldo normativo y técnico. La ley establece que la dieta equivale al 30% de la remuneración del alcalde. No hubo capricho; se actuó confiando en los especialistas”, afirmó.Agregó que ahora “se pide dejar sin efecto un acuerdo que los mismos funcionarios sustentaron como legal”.
Sabarburu indicó que los regidores no se oponen a corregir la situación, pero exigió que también se determinen responsabilidades dentro de la gestión de la alcaldesa Janet Cubas.
La regidora María Quispe sostuvo que el pronunciamiento del MEF “no es aplicable a Chiclayo”.“El MEF habló de municipalidades sin presupuesto, lo cual no es el caso de la MPCh”, señaló.
También criticó la inconsistencia de la Gerencia de Asesoría Jurídica: “La propuesta contaba con disponibilidad presupuestal y un informe legal favorable cuando se elevó a sesión”.
