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Representantes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Policía Nacional recabaron documentación relevante en las oficinas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).
Tras una diligencia que duró 4 horas, la fiscal anticorrupción, Karim Ninaquispe Gil, explicó que su despacho ha dispuesto la elaboración de un peritaje sobre el contrato que en el 2019 suscribió la MPCh con la empresa Veolia, para que esta se encargue del recojo de los residuos sólidos en la ciudad, porque las compactadoras del municipio presentaban fallas técnicas.
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La magistrada enfatizó que el informe pericial es muy importante para confirmar si se causó un perjuicio económico al Estado.
“Hemos venido para agilizar el trabajo de los peritos. No nos han dado toda la documentación, pero se han comprometido a entregar lo que está pendiente”, agregó.
También informó que las diligencias en el caso Veolia continúan y que hasta el momento, investigados y testigos han brindado declaración.
El trabajo de la fiscal Ninaquispe continuó ayer en las oficinas de Coordinación de Alcaldía y en la Subgerencia de Residuos Sólidos.
Cabe señalar que a la par de “Veolia”, la Fiscalía indaga sobre las posibles irregularidades en el alquiler de una camioneta que hizo la comuna para el despacho de alcaldía.
Descargo
Correo contactó a la abogada del alcalde Gasco para conocer la versión de la defensa en este complejo caso. Rosa Rivera aseguró que el burgomaestre siempre ha mostrado su disposición a contribuir con las indagaciones del Ministerio Público.
Detalló que la defensa ha propuesto a la Fiscalía actos de investigación, pero que estos siguen pendientes.
En ese sentido explicó que solicitó las declaraciones testimoniales de los integrantes de la Comisión Auditora del Órgano de Control Institucional (OCI), quienes formularon el informe N° 29-2019-AC, el cual se configura en el sustento de la denuncia contra Gasco.
Los auditores fueron citados hasta en dos oportunidades, pero no se presentaron a declarar. Por ello la defensa pidió que sean llamados por tercera vez, bajo apercibimiento de ser llevados de forma compulsiva.
“Les han fijado declaración para los días 10 y 11 de marzo. La defensa busca hacerles preguntas, ya que a nuestro criterio el informe del OCI tiene serias inconsistencias respecto a la participación del alcalde en el contrato que se investiga”, sostuvo la abogada.
Hallazgos
El 31 de diciembre del 2019, la Contraloría General de la República informó haber detectado responsabilidad administrativa y penal en el alcalde Gasco por haber aprobado la contratación de Veolia para el alquiler de 10 compactadoras para el recojo de la basura, en base a un supuesto desabastecimiento.
El informe de auditoría N ° 29-2019 detalla una serie de incumplimientos a la Ley de Contrataciones que se habrían cometido para favorecer a dicho postor, dejando un perjuicio económico de S/ 249 mil 750.
